Tres responsables de Emvisesa avalan ante la juez la venta de una parcela
Tres responsables de Emvisesa declaran ante la juez que la venta de una parcela vinculada al caso Pineda se tramitó con normalidad.
El gerente de Emvisesa y otros dos trabajadores de la empresa municipal han declarado ante la juez de Instrucción número 10 de Sevilla que la enajenación de una parcela adquirida por una sociedad de la esposa de Rafael Pineda por 1,7 millones de euros se tramitó con normalidad y sin irregularidades.
Durante unas tres horas, el director del área de gestión y la jefa de sección de la asesoría jurídica ratificaron las declaraciones que ya realizaron ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según fuentes del caso, los tres testigos sostuvieron que los expedientes de arrendamiento y de venta cumplían la legalidad y contaban con los informes y tasaciones correspondientes.
La juez investiga un supuesto pelotazo urbanístico, ya que la parcela se vendió menos de cinco meses después con unos beneficios de dos millones de euros. Los responsables de Emvisesa justificaron la operación por la necesidad de liquidez de la empresa municipal y por su objetivo de equilibrar el presupuesto.
Los terrenos, según las mismas fuentes, eran un solar vacío hasta 2017 y no habían generado ingresos. El expediente de enajenación fue adjudicado a Higuerón Real Estate, cuya administradora única es la esposa de Pineda. Manuel Morillo afirmó que no conocía a Rafael Pineda ni había mantenido relación con él.
En la declaración también se abordó que solo hubiera un licitador. El que fuera director del área técnica de Emvisesa hasta junio de 2025 explicó que el aumento de los precios de la construcción y los servicios en 2022 hacía habitual que se presentara una única persona a las licitaciones técnicas.
Además, los testigos mencionaron una denuncia anónima trasladada por un empresario en una caseta de la Feria de Abril a una secretaria del gerente. El comité de cumplimiento de Emvisesa preservó su anonimato y la empresa llevó posteriormente los hechos a los juzgados de Sevilla. El procedimiento recayó inicialmente en el Juzgado de Instrucción número 8, que se inhibió en favor del número 10, encargado de investigar la operación.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.