Una inmobiliaria cambia cinco veces de nombre tras denuncias por cobros en Sevilla
Facua denuncia que una inmobiliaria vinculada a Sevilla cambia de nombre y sigue cobrando honorarios ilegales a inquilinos.
Un empresario de Sevilla ha cambiado al menos cinco veces el nombre de la inmobiliaria con la que anuncia viviendas en alquiler después de varias denuncias de Facua-Consumidores en Acción por el cobro ilegal de honorarios a inquilinos. Actualmente opera bajo la marca Nueva Era y sus anuncios corresponden a inmuebles situados en Sevilla.
Según Facua, el empresario es Francisco Javier Ortiz Riquelme, condenado el pasado marzo por amenazar al secretario general de la asociación, Rubén Sánchez. Además, la autoridad de consumo de la Junta de Andalucía le impuso una multa de 7.000 euros tras una primera denuncia por cobrar honorarios a arrendatarios. Consumo no ha aclarado si la sanción fue abonada ni si se han dictado nuevas multas.
La asociación asegura que el agente trabaja ahora con la marca Nueva Era, aunque en Idealista afirma tener una oficina abierta al público en la avenida Casarabonela de Marbella. Facua señala que esa dirección corresponde a un complejo residencial privado y que el teléfono de contacto utiliza un prefijo geográfico de Sevilla. La inmobiliaria tampoco tendría página web ni perfiles en redes sociales.
Ortiz Riquelme utilizó anteriormente las marcas Estudio Inmobiliario Javier Ortiz, Marbesa Internacional, Elite Homes Real Estate SL, Di’Cassa Luxury Estates y FJOR. Facua sostiene que con todas ellas se cobraron honorarios ilegales a los inquilinos y que los cambios se produjeron después de sus denuncias o de que trascendieran las actuaciones judiciales.
Bajo la marca Nueva Era, la asociación ha localizado anuncios que exigen 1.000 euros más IVA o 1.210 euros, IVA incluido, por servicios de búsqueda, localización y preparación de documentación como condición para acceder a una vivienda. Facua ha vuelto a denunciar estos hechos ante la Delegación Territorial en Málaga de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.
La Ley de Arrendamientos Urbanos establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato corresponden al arrendador. Facua reclama una investigación sobre los cambios de marca y una sanción económica suficientemente elevada para impedir que el empresario siga cobrando estos importes a los inquilinos.
Información elaborada a partir de Diario de Sevilla.