Caso Inipro: el juicio revela pagos sin contrato habituales en el Ayuntamiento de Tarragona
En el juicio del caso Inipro, testigos y el perito describen pagos sin contrato en el Ayuntamiento de Tarragona y cuestionan la adjudicación.
El recurso al enriquecimiento injusto para pagar servicios sin contrato era una práctica habitual en el Ayuntamiento de Tarragona, según han afirmado en el juicio del caso Inipro el exconcejal de Hacienda Pau Pérez (PSC) y Josep Maria Badia, antiguo jefe administrativo del gabinete de Alcaldía. Badia ha asegurado que el exalcalde Josep Fèlix Ballesteros recibía avisos sobre estos expedientes antes de firmar los decretos.
El perito judicial que examinó la adjudicación y las facturas de la empresa ha calificado el concurso de "amañado" y ha sostenido que la documentación analizada, a la que no accedió en su totalidad, no permite acreditar la prestación de los trabajos. Según sus datos, Inipro facturó 56.492,21 euros sin IVA en 2010, 102.607,25 euros en nueve facturas en 2011 y 95.976 euros en doce facturas en 2012. El perito considera que las de 2011 y 2012 no tenían cobertura contractual.
Pau Pérez ha explicado que este mecanismo se utilizaba para abonar prestaciones ya realizadas cuando no existía consignación presupuestaria o no se podía interrumpir el servicio, y ha añadido que sigue empleándose en la administración. Sitúa las dificultades en el área de servicios a la persona, con carencias de personal y problemas de gestión y contratación, y afirma que los expedientes llegaban a alcaldía fiscalizados por Secretaría e Intervención.
Badia ha relatado que el entonces alcalde recibía entre 30 y 40 carpetas al día y que, cuando había un expediente de enriquecimiento injusto, lo avisaba. Según su testimonio, cuando preguntaba a los departamentos por qué no se había licitado el servicio, Ballesteros les pedía que regularizaran la situación. Badia no ha podido precisar si se comprobaba que los importes coincidieran con los servicios prestados.
En la sesión, el excalcalde Pau Ricomà (ERC), citado como testigo a petición de la defensa de Ballesteros, no llegó a declarar, ya que la defensa renunció a su testimonio. Ricomà lo ha criticado: "Era una gran oportunidad para explicar por qué nos personamos como acusación, algo que el gobierno del alcalde Viñuales retiró".
Para los vecinos de Tarragona, el juicio pone el foco en cómo se gestionaron pagos municipales a una empresa sin licitación en el ámbito de servicios sociales y de la integración de la población inmigrante, un asunto que afecta a la transparencia de las cuentas locales.
Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.