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Medio Ambiente

GEPEC pide trasladar el proyecto de Ametller Origen a suelo industrial

GEPEC reclama trasladar a suelo industrial el proyecto de Ametller Origen en Mont-roig por su impacto ambiental y consumo de agua.

Redacción automática · Tarragona 2 min de lectura

GEPEC-EdC ha presentado alegaciones contra la modificación urbanística impulsada por el Ayuntamiento de Mont-roig del Camp para facilitar la instalación de Ametller Origen. El cambio del POUM prevé recalificar cerca de 112 hectáreas de suelo no urbanizable en Terres Noves, junto a Les Planes, para construir un hub agroindustrial.

El proyecto incluye entre 50 y 55 hectáreas de invernaderos tecnificados, además de centros logísticos y laboratorios, con una inversión prevista de 50 millones de euros. La entidad ambientalista asegura que no se opone a la tecnología ni a la inversión, pero rechaza la ubicación escogida.

El colectivo reclama trasladar la instalación a terrenos industriales en desuso o a zonas antropizadas degradadas. Según GEPEC, el cultivo hidropónico previsto no requiere suelo fértil y, por tanto, no justificaría transformar un espacio agroforestal que considera de alto valor ecológico.

Las fincas afectadas están catalogadas como suelo de protección territorial por interés agrario y paisajístico en el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. GEPEC advierte de que los invernaderos fragmentarían un mosaico agroforestal relevante para la biodiversidad y señala que aproximadamente la mitad del ámbito se sitúa en un área de interés faunístico para el águila cuabarrada.

Las alegaciones también alertan del impacto sobre especies protegidas como la lechuza, el mochuelo, el erizo moruno, la comadreja y varias especies de murciélagos. Además, el proyecto prevé solicitar 0,1 hm³ de agua al año del minitrasvase del Ebre, a través del Consorci d'Aigües de Tarragona, para complementar el agua de lluvia y la procedente de la depuradora local.

Por último, GEPEC denuncia que el plan se sometió a exposición pública sin que estuviera disponible el estudio de fauna definitivo, una circunstancia que, a su juicio, vulnera el derecho a la información y a la participación ciudadana. El proyecto afecta directamente al territorio del Camp de Tarragona y al uso previsto de recursos gestionados por el CAT.

Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.

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