La FAI cifra en 5.758 las operaciones de alquiler afectadas por los decretos
La FAI cifra en 5.758 las operaciones de alquiler afectadas y prevé una caída de hasta el 30% tras los decretos de vivienda.
El mercado del alquiler de vivienda habitual ha empezado a registrar cambios tras la aprobación de los decretos de vivienda del Gobierno, pendientes de convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) asegura que, en diez días, 5.758 operaciones se han visto afectadas y prevé una caída de la actividad de entre el 25% y el 30% en las próximas semanas.
El estudio de la FAI, elaborado con datos de unas 600 inmobiliarias de las principales ciudades y capitales de provincia, señala que el 88,9% de las agencias ha detectado incidencias vinculadas a los cambios normativos. El 11,1% restante afirma que su actividad no ha sufrido alteraciones.
Según la federación, 4.235 viviendas habrían dejado de estar disponibles para el alquiler residencial permanente. De ellas, 1.224 habrían pasado al mercado de compraventa y 944 se habrían destinado a modalidades alternativas, especialmente contratos de temporada y alquiler de habitaciones.
El 78,1% de los profesionales encuestados afirma haber observado la retirada de inmuebles por parte de pequeños propietarios. Además, el 72,4% de las agencias ha registrado contratos paralizados o aplazados, con 1.523 operaciones pendientes de formalización.
La FAI sostiene que la incertidumbre sobre el alcance de los decretos, la complejidad burocrática y la falta de garantías ante posibles impagos están llevando a algunos propietarios a posponer decisiones o abandonar el alquiler residencial. La organización advierte de que esta evolución podría agravar la escasez de oferta en ciudades españolas, también en el mercado del alquiler que afecta a los vecinos de Tarragona.
El presidente de la federación, José María Alfaro, ha reclamado un amplio consenso político e institucional y ha considerado arriesgado aprobar soluciones parciales en la Diputación Permanente. Como alternativa, propone un «Plan Marshall de Emergencia» basado en un pacto de Estado entre las fuerzas parlamentarias, las comunidades autónomas, las organizaciones sociales y expertos del sector.
Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.