Las entidades sociales alertan de su fragilidad por la falta de recursos

El debate sobre la evolución de la iniciativa social en Cataluña alerta de la pérdida de capacidad de las entidades para actuar con autonomía y atender las necesidades sociales. El presupuesto de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión para 2026 asciende a 4.248 millones de euros, de los que 147 millones se destinan a subvencionar entidades catalanas.

El análisis sostiene que el sistema público de servicios sociales ha avanzado, pero también que han aumentado las necesidades relacionadas con el envejecimiento, la salud mental, la falta de vivienda y la pobreza infantil. El texto señala que el 36% de los niños se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.

Según esta reflexión, la contratación mercantilista de servicios públicos ha debilitado económicamente a las entidades, que en muchos casos prestan servicios de titularidad pública a precios insuficientes. Esta situación amenaza su supervivencia y desplaza a un segundo plano su función de denuncia y de identificación de nuevas necesidades sociales.

El artículo también critica que las administraciones hayan asumido el protagonismo de la acción social y que el sistema fomente la competencia entre organizaciones. A su juicio, la financiación de las pensiones, la sanidad y la educación resulta insuficiente cuando se trata de impulsar a las personas y atender la vulnerabilidad social.

Como posible salida, plantea revisar la externalización de los servicios a las personas e introducir de forma efectiva la concertación. También apunta que iniciativas legislativas como la ley de provisión de servicios sociales podrían contribuir a recuperar un modelo de colaboración entre la administración y las entidades sociales.

La cuestión afecta al conjunto de Cataluña y, por tanto, también al debate sobre la atención social en Tarragona y su provincia, aunque el texto no aporta datos específicos del territorio tarraconense.

Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.