La ley de memoria da un año para retirar el monumento de Tortosa
La ley catalana de memoria fija un año para completar la retirada del monumento franquista de Tortosa, situado en el río Ebro.
El acuerdo alcanzado por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP sobre la ley catalana de memoria democrática fija un plazo de un año para completar los trámites y trabajos necesarios para retirar el monumento franquista de Tortosa, situado en el río Ebro. Para el resto de simbología franquista en el espacio público, establece un plazo de dos años.
La norma precisa que el departamento competente deberá culminar la retirada dentro del año siguiente a su entrada en vigor. Los grupos firmantes explican que el plazo tiene en cuenta la licitación de los trabajos y el caudal del río Ebro, además de la complejidad del procedimiento, que ha estado paralizado por varios recursos judiciales.
La Generalitat anunció las obras de retirada del monolito para julio de 2021, pero los recursos presentados ante la justicia frenaron su ejecución. El monumento, de 45 metros de altura, fue inaugurado por Francisco Franco el 21 de junio de 1966, con motivo del 25 aniversario de la Batalla del Ebro.
La ley también prevé retirar distinciones y medallas concedidas a personas que apoyaron el franquismo, crear una oficina de apoyo a las víctimas y reconocer al pueblo gitano como víctima de la dictadura. Además, contempla sanciones de entre 200 y 150.000 euros por infracciones como el enaltecimiento del franquismo, la apertura no autorizada de fosas o los daños en espacios de memoria.
El texto incluye la creación, en un plazo de seis meses, de una comisión técnica de memoria democrática. Este organismo académico, temporal, extrajudicial e independiente tendrá dos años para elaborar conclusiones y recomendaciones destinadas a esclarecer vulneraciones de derechos humanos, reparar a las víctimas y evitar que se repitan.
La votación final está prevista para el pleno del Parlament de la próxima semana, aunque los plazos podrían retrasarse si algún grupo recurre el texto ante el Consell de Garanties Estatutàries. Antes, la ley debe aprobarse en comisión parlamentaria, paso previsto para el próximo jueves.
Información elaborada a partir de Diari de Tarragona.