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Aerte reclama una conselleria exclusiva para los Servicios Sociales

Aerte pide a la Generalitat que Servicios Sociales conserve una conselleria propia y alerta de posibles retrasos en decisiones pendientes.

Redacción automática · Valencia 2 min de lectura

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha pedido al presidente de la Generalitat, Pérez Llorca, que mantenga Servicios Sociales como una conselleria propia y no la integre en Justicia.

La reorganización se plantea después de que Elena Albalat dejara el cargo de consellera para encabezar la lista del PP por Castellón en las elecciones generales del 29 de noviembre. Aerte ha afirmado que respeta la capacidad del president para reorganizar su Ejecutivo, pero considera que el área necesita dedicación exclusiva y capacidad para impulsar sus políticas.

El presidente de la patronal, José María Toro, ha defendido que los servicios sociales deben tener el peso político y la atención que merecen dentro del Gobierno valenciano. Según ha señalado, son servicios esenciales para miles de personas y familias que requieren planificación, estabilidad y una estructura administrativa específica.

Aerte teme que el cambio retrase decisiones pendientes para mejorar la atención y los apoyos. Entre ellas, cita el desarrollo del decreto que regulará la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales de la Comunitat Valenciana, un proceso que reclama continuar con la participación del sector.

La organización también ha expresado su preocupación por los concursos de centros de servicios sociales de titularidad pública y gestión privada, cuya adjudicación considera necesaria para aportar seguridad jurídica y estabilidad a las entidades. De su entrada en vigor depende, según Aerte, la aplicación de mejoras salariales acordadas entre la patronal y los sindicatos mayoritarios.

Además, la entidad ha mencionado el futuro concurso de plazas residenciales para personas mayores, previsto para 2027. La petición afecta al conjunto de la Comunitat Valenciana, incluida Valencia, donde las decisiones autonómicas sobre servicios sociales repercuten en la atención a personas dependientes y mayores.

Información elaborada a partir de Las Provincias.

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