Al menos 75 centros públicos valencianos se suman al boicot extraescolar

Al menos 75 colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana han respaldado la campaña para limitar o suspender actividades extraescolares y complementarias, según la última información publicada por la Coordinadora d'Assemblees Docentes (CADPV). La cifra incluye centros que prevén cancelar todas las actividades y otros que mantendrán algunas de carácter cultural o curricular, pero evitarán viajes y pernoctaciones.

La iniciativa, puesta en marcha a principios de curso, pretende presionar a la Conselleria de Educación en el conflicto abierto con sindicatos y colectivos docentes por la mejora de las condiciones laborales. El profesorado reclama, entre otras medidas, regulación sobre la compensación horaria, las ratios de participantes y la cobertura jurídica ante posibles incidentes durante actividades fuera del centro.

La coordinadora señala que el respaldo contabilizado es una previsión y una cifra mínima. Las decisiones de las asambleas no son vinculantes, aunque influyen en los claustros. La decisión final corresponde a los consejos escolares, donde el profesorado cuenta con una representación relevante. Además, la web de la CADPV permanece caída desde el miércoles.

La controversia se ha intensificado tras la presentación de la hoja de ruta de movilizaciones de sindicatos y colectivos docentes. El documento, que debe ser validado mediante una consulta telemática, contempla acciones de cumplimiento estricto del horario laboral, incluida la suspensión de actividades voluntarias y no obligatorias en los términos acordados por el profesorado.

Fampa Valencia, la federación de asociaciones de familias más grande de la escuela pública, ha pedido a los centros que mantengan estas actividades porque su cancelación puede perjudicar al alumnado. La CADPV responde que no cuestiona su valor educativo, sino las condiciones en las que se organizan, y reclama que no dependan del voluntarismo docente.

El debate tendrá especial relevancia en las próximas semanas, ya que las actividades deben figurar en la Programación General Anual que aprueban los centros. Las escuelas tienen hasta noviembre para aprobarla en los consejos escolares, y la presión de las asambleas busca que no se incluyan aquellas actividades que no cuenten con docentes dispuestos a asumirlas.

Información elaborada a partir de Las Provincias.