El Gobierno busca cerrar un acuerdo sobre vivienda ante el choque entre sus socios

El Gobierno intenta cerrar este martes un decreto de vivienda que permita mantener el apoyo de Sumar sin perder los votos de Junts y PNV en el Congreso. La negociación seguía abierta anoche y las diferencias afectan a medidas sobre alquileres, desahucios y protección de los pequeños propietarios.

El Ejecutivo planteó bonificaciones fiscales para los caseros que reduzcan los alquileres y una prórroga de dos años para los contratos que vayan a finalizar. También estudió suspender hasta finales de 2028 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con compensaciones de la administración cuando corresponda.

Sumar y Podemos consideran insuficientes estas propuestas y reclaman medidas de mayor alcance. Entre sus peticiones figuran una protección más amplia para los inquilinos y la expropiación forzosa a fondos para evitar desahucios. ERC también veía insuficiente el borrador, mientras que Junts lo rechazaba por entender que podía perjudicar a los pequeños propietarios.

El llamado decreto Maricarmen está vinculado a la movilización social surgida tras el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, que permanece ingresada. Los socios progresistas escenificaron el lunes su respaldo a las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas frente al hospital.

Pedro Sánchez pidió desde Barcelona dejar a un lado el “cálculo político”. El PNV advirtió de que la falta de un acuerdo “aceptable para todos” generaría más frustración, mientras EH Bildu reclamó esfuerzos a todas las fuerzas para alcanzar consensos. La decisión del Consejo de Ministros afecta al conjunto de España, también a la ciudadanía valenciana, que seguirá el posible impacto de las medidas sobre el acceso a la vivienda.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.