El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid

El Gobierno ha reactivado las conversaciones con Junts para intentar sacar adelante el decreto de vivienda, después del desahucio en Madrid de Maricarmen, una mujer de 87 años que no tenía alternativa habitacional. Pedro Sánchez calificó el caso de «tragedia social» y reclamó también el compromiso del Congreso.

El Ministerio de Vivienda ha intensificado el intercambio de propuestas con la formación de Carles Puigdemont, cuyos votos fueron decisivos junto a los del PP y Vox para tumbar en dos ocasiones textos que incluían medidas contra los desahucios. Junts asegura que el PSOE estudia ahora sus iniciativas y confía en que puedan reunir los apoyos necesarios.

La negociación se enfrenta a vetos cruzados entre los socios parlamentarios. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, considera un «error» que Junts marque los límites en materia de vivienda, mientras que EH Bildu admite la complejidad de la aritmética y se muestra dispuesto a aceptar medidas que no comparta para aprobar el decreto.

Sumar ha reclamado que el Consejo de Ministros apruebe el texto el próximo martes y que llegue después al Congreso. Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han defendido que incluya la suspensión de desahucios en determinados casos. Sánchez, sin embargo, no ha comprometido una fecha y ha insistido en que también será necesario el respaldo parlamentario.

Según Vivienda, lo que se negocia no es exactamente una moratoria temporal, sino una solución estructural. El borrador planteaba que los jueces pudieran mantener suspendido un desahucio cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa residencial y las administraciones no hubieran ofrecido una solución, con diferencias según se tratara de pequeños propietarios, grandes tenedores o personas jurídicas.

La cuestión se sigue con interés en Valencia, como capital de la Comunitat Valenciana, porque el decreto aborda la protección de hogares vulnerables y la respuesta de las administraciones ante los desahucios, aunque el caso que ha reactivado la negociación ocurrió en Madrid y el texto aún depende de un acuerdo parlamentario.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.