El síndic de Comptes rechaza en las Corts medir el coste de la inmigración irregular pedido por PP y Vox

El síndic de Comptes, Vicent Cucarella, rechazó en las Corts Valencianes la petición de PP y Vox de fiscalizar el coste de la inmigración irregular y su impacto en los servicios públicos autonómicos. Cucarella compareció en la Comisión de Hacienda para hablar de los informes sobre el ejercicio 2024, aunque las cuestiones de actualidad acapararon buena parte del debate.

Según explicó, la propuesta aprobada en el pleno hace un año no formó parte del plan de trabajo de 2026 de la Sindicatura. Ante la insistencia de Vox, Cucarella afirmó que la idea fue rechazada dentro de la propia institución y que, en caso de hacerse, el análisis correspondería al Tribunal de Comptes a escala estatal. «Tenemos una comisión técnica donde votamos los aspectos más relevantes», señaló, y añadió que, aunque hubo dudas porque podían salir resultados no esperados, no se llevó a cabo porque la petición se formuló en todos los parlamentos autonómicos y el asunto atañe al conjunto de España.

El síndic también recibió reproches de Vox por no haber analizado el impacto de la DANA en el informe presentado, aunque, según indicó, existen trabajos específicos sobre la contratación y el presupuesto de la DANA que todavía no se han debatido en la cámara. Cucarella compareció por última vez en las Corts en octubre de 2025, y los retrasos en la presentación de informes se deben, en parte, a los cambios en los plazos de aprobación de los presupuestos.

Otro frente abierto es el mandato del propio síndic, caducado desde 2022 sin acuerdo entre los grupos para nombrar a un sustituto, lo que requiere una mayoría reforzada que incluya a PP y PSPV. Cucarella rechazó la petición de dimitir planteada por una diputada de Vox y recordó que quienes deben alcanzar un acuerdo son los partidos políticos.

Por último, el síndic avisó de una cuestión delicada sobre el IVO y el posible doble cobro a la Generalitat de tratamientos oncológicos en departamentos de salud gestionados por concesionarias del modelo Alzira. El asunto se encuentra en la Fiscalía del Tribunal de Comptes, y Cucarella subrayó la necesidad de firmar un nuevo acuerdo con el IVO para evitar interpretaciones dispares. Para los valencianos, estas cuestiones afectan directamente a la transparencia de las cuentas autonómicas y a la calidad de la atención sanitaria.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.