El TC anula partes de la ley de costas valenciana y tres magistrados lo critican en un voto particular

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, aprobada en Les Corts en 2025 con los votos de PP y Vox. La sentencia, redactada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y presidida por Cándido Conde-Pumpido, considera que la declaración de núcleos de especial valor etnológico puede vulnerar la legislación estatal cuando se aplique a bienes del dominio público marítimo-terrestre.

El tribunal también anula la disposición adicional cuarta, que permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público. Según la sentencia, esa previsión va más allá de recopilar información, ya que atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos, una competencia que corresponde al Estado.

La decisión contó con un voto particular de cuatro magistrados, aunque el texto recoge expresamente el firmado por Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño. En él critican la «desconcertante beligerancia con el legislador autonómico valenciano» y sostienen que la norma autonómica y la estatal son convergentes, no excluyentes, y que la sentencia no explica por qué se ha cambiado el criterio aplicado en 2015 con la ley de costas canaria.

Los firmantes advierten además de que, sin un documento sistemático y accesible, la Generalitat deberá mantener sus conclusiones «dispersas por expedientes y ocultas en un despacho». Califican de «inconsistente» la interpretación literal en la que, a su juicio, se basa la sentencia.

Desde la asociación de vecinos de la playa de Guardamar, según recoge la información, lamentan la decisión y consideran que responde más a valoraciones políticas que jurídicas. Para esta entidad, la declaración de núcleos etnológicos es competencia de la Generalitat y el artículo impugnado se aprobó con todas las garantías legales. La sentencia afecta a viviendas que pueden quedar fuera de ordenación y expuestas a derribos.

Información elaborada a partir de Las Provincias.