Family Up respalda el decreto de ayudas a familias pero pide control estricto y renta per cápita
Family Up apoya las ayudas del Decreto-Ley a familias monoparentales, pero exige renta per cápita, topes máximos e inspección para evitar fraudes.
La organización Family Up ha hecho pública su postura tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un Decreto-Ley que equipara en derechos y beneficios a las familias monoparentales con dos hijos a las familias numerosas. La entidad valora positivamente el reconocimiento del esfuerzo que supone criar hijos en el contexto socioeconómico actual, aunque denuncia la falta de mecanismos de control en el reparto de las ayudas públicas.
Según la organización, la situación económica hace que tener y mantener una familia en España sea insostenible para miles de hogares. Por ello, respalda cualquier medida que alivie la presión sobre la maternidad y la paternidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Family Up advierte, no obstante, de un problema estructural: las ayudas no están llegando a las familias que realmente las necesitan.
La entidad señala varias deficiencias en la concesión de subsidios familiares. En primer lugar, las prácticas fraudulentas, como un incremento de separaciones simuladas u otras irregularidades administrativas con el único fin de acceder a prestaciones estatales. En segundo lugar, la transferencia de fondos fuera del territorio nacional, en situaciones en las que las ayudas se abonan a personas que no residen en España ni invierten en el país.
Family Up también alerta de la desprotección de familias vulnerables, tanto en hogares de un progenitor como de dos, que no reciben ningún tipo de sustento pese a encontrarse en situaciones críticas. Además, considera que los esquemas de ayuda mal regulados pueden desincentivar la inserción en el mercado laboral en lugar de funcionar como palanca de desarrollo.
Para que el nuevo Decreto-Ley sea equitativo y eficaz, la organización insta al Gobierno y a las administraciones competentes a aplicar de inmediato tres medidas: implantar el criterio de renta per cápita real, evaluando la capacidad económica efectiva de cada miembro del hogar; establecer topes máximos de cuantía por persona y por menor a cargo; y reforzar la inspección y el control para erradicar el fraude.
Alicia Grau, presidenta de Family Up, resume la postura de la entidad: "Reconocer los derechos de las familias es urgente y necesario, pero no podemos permitir que las ayudas se conviertan en un coladero sin fiscalizar. Apoyo a las familias, sí; pero con transparencia, regulación estricta y renta per cápita para que el respaldo llegue a quien trabaja y de verdad lo necesita".
Información elaborada a partir de Levante-EMV.