La investigación del accidente de Adamuz superará el plazo legal de un año

La investigación técnica del accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, se prolongará más allá del plazo legal de doce meses por su «carácter excepcionalmente complejo».

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat) ha comunicado esta circunstancia a la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz. El organismo prevé acordar formalmente la ampliación del plazo y publicar un informe provisional con los avances técnicos y los problemas de seguridad detectados.

En un escrito fechado el 5 de octubre, la Aitat explica que la investigación se encuentra en una fase de análisis técnico especialmente compleja. También señala que la coordinación judicial ha exigido trámites específicos para formalizar encargos de laboratorio, aunque precisa que estos procedimientos no han paralizado el resto de las actuaciones.

El presidente de la asociación de víctimas, Mario Samper, ha calificado de «inconcebible e inadmisible» que las pesquisas se dilaten sin una fecha concreta de finalización. Samper ha atribuido parte del retraso a la falta de personal y ha asegurado que la investigación comenzó con tres técnicos y que en algunos meses solo hubo dos.

La Aitat ha indicado que hasta ahora no se ha emitido ninguna recomendación inmediata de seguridad, aunque ha aclarado que esto no condiciona los análisis posteriores ni impide formular dictámenes antes del informe final. Samper sostiene, en cambio, que ya existían propuestas preventivas planteadas por el anterior responsable de la investigación, Iñaki Barrón.

La noticia afecta al conjunto del sistema ferroviario español y, por tanto, también interesa a los usuarios de tren de Valencia, aunque el accidente y la investigación se desarrollan en Córdoba. La Aitat ha reafirmado su compromiso con el rigor, la transparencia y la independencia, y propondrá que representantes de las víctimas puedan asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones sobre estas actuaciones.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.