La jueza ve negligencias en la emergencia tras las muertes de La Torre

La jueza que investiga las muertes causadas por la dana en La Torre considera que los fallecimientos son una muestra de las posibles negligencias en la gestión de la emergencia y de la falta o el retraso de los avisos. La pedanía de València registró catorce cuerpos fallecidos o localizados, la mitad de ellos en el garaje de la calle Mariano Brull.

En un auto notificado este martes, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra acepta varias diligencias solicitadas por Manolo Mata, abogado de la acción popular de Acció Cultural del País Valencià y de la acusación particular de un herido. Entre ellas, requiere al Ayuntamiento de València que identifique al funcionario destinado en La Torre el 29 de octubre de 2024 y que aporte las comunicaciones enviadas a la alcaldía pedánea durante la jornada de la dana.

La jueza también reclama las comunicaciones remitidas a La Torre por organismos como el 112, Emergencias, la Diputación y la Administración central entre las 7 y las 21 horas. En cambio, rechaza pedir de nuevo el grupo de WhatsApp de alcaldes pedáneos, aunque cita como testigo al alcalde pedáneo de Forn d'Alcedo y le ofrece aportar voluntariamente mensajes relacionados con la emergencia.

Ruiz Tobarra califica de “difícilmente explicables” las muertes en una emergencia anunciada con antelación y recuerda que el desbordamiento del barranco del Poyo era conocido en el Cecopi, según la documentación y los testimonios incorporados a la causa. La Torre, afectada por las inundaciones vinculadas a este barranco, sufrió una mortalidad especialmente elevada para su población.

El auto repasa también la actuación de la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, únicos investigados por ahora. La magistrada sostiene que, declarada la situación 2 de emergencia, Pradas ostentaba el mando único y debía determinar las medidas de protección de la población y la información que debía difundirse.

Respecto a Argüeso, la jueza cuestiona su afirmación de que no tenía que estar en el Cecopi y señala que la disposición y solicitud de efectivos para el control de los barrancos estaba entre sus competencias en las fases previas de la emergencia. La investigación continúa para esclarecer la respuesta institucional ante la dana en La Torre y sus consecuencias para los vecinos de València.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.