La ley de nietos deja en duda el voto de miles de españoles en el extranjero

La resolución del Tribunal Supremo impedirá votar en las elecciones del próximo 29 de noviembre a quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la ley de nietos y no acreditaron documentalmente el exilio familiar por los motivos previstos en la normativa. La medida afecta a cerca de 163.000 ciudadanos, aunque quienes consiguieron la nacionalidad por otra vía o dispongan de la certificación consular requerida sí podrán ejercer su derecho.

La decisión ha generado dudas entre muchos de los afectados, que aseguran no haber recibido información sobre su situación. Analia, Eduardo y Mateo, dos argentinos y un chileno acogidos a la ley, explicaron a Levante-EMV que desconocían si podrían votar en los próximos comicios.

El Tribunal Superior de Justicia suspendió cautelarmente en septiembre las inscripciones censales vinculadas a la instrucción, una medida confirmada el 12 de octubre. La suspensión no supone perder la nacionalidad ni afecta a todos los españoles residentes en el extranjero. Podrán votar quienes tengan una certificación consular que confirme que, a 1 de agosto de 2026, su expediente acreditaba documentalmente el exilio de sus familiares.

Desde el 16 de octubre, los afectados disponen de cinco días hábiles para personarse en el procedimiento, con abogado y procurador, y presentar alegaciones. El conflicto se originó tras un recurso de Vox e Iustitia Europea, pese a que la intención inicial era permitir el voto de quienes habían obtenido la nacionalidad.

La situación también afecta a colectivos valencianos en el exterior. Pere Palés, presidente del Casal Valenciano de Chile y natural de Carcaixent, considera que la medida pone en riesgo el derecho al voto y critica que muchos ciudadanos no hayan recibido una comunicación individual sobre su caso. A su juicio, la resolución supone además una doble vulneración: del derecho a la participación democrática y del derecho a la defensa.

Palés recuerda que los españoles residentes fuera del país ya perdieron en 2011 el derecho a votar en las elecciones municipales y estuvieron sometidos al llamado voto rogado hasta su eliminación en 2022. El presidente del Casal Valenciano de Chile sostiene que la distancia no debería implicar un menor compromiso con la vida política y social española.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.