Lambda denuncia que la Generalitat pidió listas nominales de trabajadores que no secundaron la huelga del 11-N

La entidad LGTBI Lambda ha denunciado que la Conselleria de Igualdad exigió listados nominales, con nombres, DNI y firmas, de los trabajadores del servicio Orienta que no iban a secundar la huelga general del 11 de noviembre. Orienta es la oficina integral LGTBI de la Generalitat Valenciana y tiene sedes en València, Alicante y Castelló, además de atención no presencial. Lambda gestiona el servicio hasta la llegada de los nuevos adjudicatarios de la licitación.

Según la entidad, la Dirección General de Diversidad impuso servicios mínimos a Orienta y exigió a Lambda, como entidad gestora, la remisión de listados nominales de las personas trabajadoras que no secundaran la huelga, firmados individualmente. Lambda considera que esta identificación individual puede revelar indirectamente quién ejerce el derecho de huelga y que podría tener un efecto intimidatorio. Sostiene además que Orienta funciona con cita previa y que la resolución de servicios mínimos excluye las actividades ordinarias, programadas o aplazables, por lo que considera forzada la interpretación de la Dirección General.

Lambda asegura que aplicó los servicios mínimos exigidos, pero que se negó a identificar nominalmente ante la Generalitat a las trabajadoras que no secundaron la huelga. La entidad afirma que la relación laboral de la plantilla es con Lambda y no con la Administración.

Por su parte, fuentes de la Conselleria de Igualdad explican que antes de la jornada de huelga se solicita a todos los servicios, no solo a Orienta, una declaración responsable de cumplimiento de los servicios mínimos, y que durante el paro se hace un seguimiento de cuántas personas están trabajando, algo que, según dicen, se aplica también en la función pública y que hacen sindicatos y patronales. La Conselleria considera que la denuncia es una provocación de una entidad que no ha querido presentarse a la nueva licitación.

Lambda responde que el pliego exige un volumen anual de negocio de alrededor de 1,7 millones de euros, un requisito que, a su juicio, excluye de facto al tejido asociativo que ha sostenido estos servicios durante años, ya que las asociaciones sin ánimo de lucro no operan con lógica empresarial orientada a generar beneficios.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.