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Los inspectores valencianos piden recurrir ante el Constitucional la ley ‘antiadoctrinamiento’

ADIDE-PV pide al Defensor del Pueblo recurrir la ley valenciana que atribuye a los inspectores controlar la neutralidad ideológica en las aulas.

Redacción automática · Valencia 2 min de lectura

La Associació d’Inspectores i d’Inspectors del País Valencià (ADIDE-PV) ha pedido al Defensor del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2026 de la Generalitat, que atribuye a la Inspección Educativa la función de velar por la “neutralidad ideológica” en las aulas.

La organización sostiene que esta reforma se aparta de las competencias fijadas para los inspectores en la legislación estatal y puede convertir su trabajo en un “mecanismo de vigilancia” de la actividad docente. También advierte de posibles amenazas a la libertad de cátedra y de inseguridad jurídica para el profesorado.

ADIDE-PV considera que la norma no define qué debe entenderse por “adoctrinamiento ideológico” ni establece criterios para diferenciarlo de la enseñanza curricular, la educación en valores constitucionales o una discrepancia pedagógica. A su juicio, esta falta de concreción puede provocar aplicaciones arbitrarias o desiguales.

La asociación cuestiona además los canales de comunicación de incidencias previstos para detectar posibles casos de adoctrinamiento, porque podrían implicar el registro de información sobre la ideología de las personas afectadas y vulnerar la normativa de privacidad.

La petición al Defensor del Pueblo también incluye otros cambios de la ley, como la supresión de contenidos sobre coeducación, igualdad, educación afectivosexual, protección de las personas LGTBI, derechos lingüísticos y acceso a los servicios sociales. ADIDE-PV reprocha que estas modificaciones se hayan incorporado mediante una ley de acompañamiento presupuestario.

La asociación reclama una tramitación urgente dentro del plazo de tres meses y ha solicitado a la Alta Inspección de Educación que el Gobierno central estudie impugnar la norma, lo que permitiría suspender automáticamente sus preceptos. Además, ha iniciado una campaña para recoger adhesiones de asociaciones cívicas, familias, sindicatos y entidades de la comunidad educativa de la Comunitat Valenciana.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.

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