Sanidad reclama medidas contra Madrid por no activar el registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido a la Abogacía del Estado que adopte «todas las medidas que sean oportunas» para obligar a la Comunidad de Madrid a cumplir la ley y crear el registro de profesionales objetores al aborto.

García ha explicado que, a 1 de septiembre, Madrid no había avanzado más allá de los trámites iniciales, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le ordenó en marzo iniciar las actuaciones administrativas necesarias para elaborar y aprobar el registro.

La resolución del TSJM se produjo tras un recurso contencioso-administrativo de la Abogacía del Estado contra la inactividad de la Administración autonómica en la aplicación de la Ley Orgánica 1/2023, que modificó la normativa sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo.

La ministra ha anunciado la petición durante la presentación de una campaña para combatir el estigma y la culpa asociados al aborto y reivindicar el derecho a acceder a esta prestación en la sanidad pública. Según ha señalado, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, una proporción que en la Comunidad de Madrid alcanzó el 99%.

García ha defendido que la objeción de conciencia es un derecho individual, pero debe organizarse de forma compatible con el acceso efectivo a la prestación. También ha reclamado más organización, formación, profesionales, circuitos claros e información sobre los métodos disponibles.

La iniciativa sostiene que las mujeres tienen derecho a decidir y que la sanidad pública debe ofrecer información, acompañamiento y atención respetuosa, con independencia de las emociones que experimente cada persona. El asunto afecta al conjunto de la sanidad pública y se sigue desde Valencia por su relevancia en el debate sobre el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.