Socios del Club Náutico de Canet denuncian bloqueo de la junta por una asamblea sobre la concesión

Un grupo de socios del Club Náutico de Canet d'en Berenguer, que según sus cálculos representa el 10% de la entidad, ha advertido a la junta directiva de que podría emprender acciones administrativas para impugnar el bloqueo directivo. El motivo es la negativa a convocar una asamblea general extraordinaria para informar sobre el estado de la prórroga de la concesión administrativa de las instalaciones, que según el presidente, Francisco Pérez, se solicitó a finales de 2023, aunque la concesión finaliza en 2033.

Los firmantes explican que pidieron la asamblea el 13 de octubre y, ante la falta de respuesta, registraron una segunda petición el 26 de octubre. La junta envió un comunicado por correo electrónico a los socios, pero rechazó fijar una fecha y señaló que convocará la asamblea cuando tenga novedades relevantes que aportar. Los socios lo consideran un incumplimiento flagrante de la ley autonómica.

Desde la directiva, Francisco Pérez sostiene que ya se dieron todas las explicaciones pertinentes y que no hay novedades desde la información facilitada en la asamblea general de julio. Según el presidente, convocar una asamblea en papel supondría un gasto de unos 3.000 euros y cerrar la oficina una semana, y no se permite hacerlo de forma telemática hasta el 1 de enero. Pérez añadió que, aun así, no han descartado convocarla y que retomarán el asunto en enero, tras la visita del ingeniero encargado del proyecto de prórroga.

Los socios replican que la justificación carece de validez legal. Citan el artículo 37, apartado c, de la Ley 14/2008 de Asociaciones de la Comunidad Valenciana, que obliga a la junta a convocar la asamblea solicitada en un plazo máximo de 30 días desde la petición, y consideran que condicionar ese derecho a su propio criterio vulnera la ley, los estatutos del club y la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana.

Los socios subrayan que el futuro de la concesión es clave para la supervivencia de la entidad y para la estabilidad de los amarres. Advierten de que, si la junta no rectifica de inmediato y fija una fecha dentro del plazo legal, emprenderán las acciones administrativas oportunas para proteger sus derechos.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.