Una valenciana de 80 años pierde su pensión y debe devolver 26.942 euros

Josefa Soria, una mujer de 80 años y con un grado 2 de dependencia, se ha quedado sin ingresos tras la suspensión de su pensión no contributiva de invalidez y debe devolver 26.942 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La decisión se recoge en una carta de la dirección territorial de València de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, que atribuye la extinción a que sus recursos superaron el límite legal.

Soria asegura que percibía desde hace 20 años una pensión no contributiva de invalidez por una discapacidad del 65%, reconocida tras las secuelas que sufrió en el accidente ocurrido durante una mascletà en la plaza del Ayuntamiento el 12 de marzo de 2000. La prestación pasó de 484,61 euros en 2022 a 628,80 euros en mayo de 2026, último mes en que la cobró. La Administración reclama ahora las cantidades percibidas durante los últimos cuatro años.

La mujer también recibe una ayuda de dependencia de algo más de 700 euros, destinada a pagar la residencia en la que vivía hasta hace aproximadamente un mes. Su hija, Esther, afirma que ha pedido una cita en los servicios sociales para comunicar el cambio, pero se la han dado para dentro de casi dos meses.

Según relata la hija, el problema comenzó al solicitar un cambio de cuenta bancaria. La Conselleria pidió documentación, entre ella el convenio de divorcio de hace 34 años, y la pensión quedó paralizada durante tres meses. Tras aportar el documento, la familia esperaba recuperar el pago con carácter retroactivo, pero recibió una resolución que comunicaba la extinción de la prestación.

La Conselleria sostiene que, durante la revisión, se detectaron ingresos superiores a los permitidos por el Real Decreto 357/1991. Según el departamento autonómico, la beneficiaria recibió un requerimiento para confirmar esos datos y no respondió, por lo que procede la devolución conforme al Real Decreto Legislativo 8/2015. La Administración añade que la competencia corresponde al Imserso y a la Seguridad Social, y no a la Generalitat.

La familia relaciona la revisión con la venta de una casa en el pueblo y con unos rendimientos inmobiliarios. Esther explica que su madre vendió la vivienda para poder vivir con una pensión de unos 500 euros y regresó a su casa de València. La Conselleria indica que puede volver a solicitar una pensión no contributiva, pero la hija responde que llevan dos años esperando la revisión del grado de discapacidad y que su madre no puede afrontar la devolución de 27.000 euros.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.