València aprueba 1.345 viviendas en Benimaclet sin acuerdo sobre la crisis habitacional

El Ayuntamiento de València aprobó en dos plenos extraordinarios el proyecto del PAI de Benimaclet, que contempla 1.345 viviendas, 403 de ellas de protección oficial, y una moratoria para determinados usos en los patios de manzana. Las medidas salieron adelante con los votos de PP y Vox, frente al rechazo de Compromís y PSPV, en una jornada marcada por la falta de acuerdos sobre la vivienda.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, defendió que el desarrollo de Benimaclet llevaba más de dos décadas pendiente y que permitirá generar vivienda en una ciudad con precios de alquiler elevados. También reivindicó la gestión del actual gobierno municipal, a la que atribuyó más de 500 pisos públicos y el desbloqueo de 18 desarrollos urbanísticos con capacidad para unas 13.000 viviendas.

La oposición criticó que el PAI reserve la mínima vivienda pública exigida por ley y favorezca, según el socialista Borja Sanjuan, a los promotores, con un beneficio estimado de unos 140 millones de euros. Compromís cuestionó además la conexión entre la huerta y la ciudad y la accesibilidad de las futuras viviendas. Colectivos como Cuidem Benimaclet protestaron contra el desarrollo urbanístico.

La moratoria en los patios de manzana permitirá estudiar una nueva ordenación y, en la práctica, impedirá los apartamentos turísticos en estos espacios. PSPV y Compromís la calificaron de posible “coladero” y la compararon con la regulación de los pisos turísticos, que no vetó los colivings o flexlivings y coincidió con nuevas promociones en bajos de la ciudad antes de su entrada en vigor.

El segundo pleno abordó varias propuestas de Compromís: declarar València zona de mercado residencial tensionado, limitar los alquileres, revertir apartamentos turísticos en viviendas e implantar una tasa turística. El PP rechazó estas medidas con el apoyo de Vox y defendió que la solución pasa por aumentar la oferta. La oposición aseguró que en la ciudad habría más de 8.000 apartamentos turísticos ilegales y presentó 6.000 firmas para reclamar límites a los precios. La sesión terminó sin acuerdos entre los grupos.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.