Víctimas de la dana piden al Constitucional dejar sin efecto el aforamiento de Mazón

Una de las asociaciones de víctimas de la dana ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto el aforamiento del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haya descartado investigarle. El debate se abordó en una conferencia celebrada este martes en el Centre La Nau de la Universitat de València, con motivo del segundo aniversario de la tragedia, organizada por la Associació de víctimas Dana octubre 2024.

La presidenta de la entidad, Mariló Gradolí, aclaró que no se busca una «sentencia anticipada», sino garantizar «los derechos» de los afectados. La abogada de la asociación, Miriam Salmerón, sostuvo que el TSJCV «resolvió el fondo del asunto» para afirmar que Mazón no tenía posición de garante durante la dana, pero que debería haber asumido la causa para determinarlo. Según su explicación, Mazón se ha personado «con todos los derechos de un investigado» sin estar efectivamente investigado.

Salmerón también denunció un «uso espurio» del escaño por parte del expresident, al que atribuye no haber cumplido sus funciones desde que dimitió, y afirmó que no existe vínculo funcional entre los hechos que se le imputan y su cargo actual. Asimismo, señaló que un aforamiento «no se puede aplicar de forma automática» y que debe interpretarse de forma restrictiva.

Toñi García, víctima de la asociación, consideró que el aforamiento «contradice radicalmente el principio de igualdad» y dijo que «la impunidad se le ha hecho a medida a Mazón», expresión que recogió la abogada en su intervención. El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín defendió que la máxima representación política tenía condición de garante durante la dana, en contra del criterio del TSJCV, y criticó que el alto tribunal devolviera la causa al juzgado.

El magistrado Joaquim Bosch, por su parte, señaló que investigar a un aforado exige indicios reforzados, algo que considera una «paradoja» que perjudica a las víctimas y a sus familiares. Para el vicerrector de Cultura de la Universitat de València, Albert Moncusí, la respuesta judicial debe ir más allá de culpabilizar y castigar, e incluir la reparación material y simbólica de las víctimas.

Información elaborada a partir de Levante-EMV.