El profesorado de Vigo rechaza usar la fuerza física con alumnos conflictivos

El profesorado, las direcciones de centros, las familias y los sindicatos consultados en Vigo rechazan mayoritariamente que los docentes puedan emplear la fuerza física contra alumnos que agredan, pongan en peligro a otras personas o perturben gravemente las clases. La posibilidad se debate en Dinamarca a través de un proyecto de ley.

La propuesta danesa permitiría intervenir físicamente en los centros públicos, independientes y privados únicamente después de probar otras opciones y tras valorar cada caso. Entre los supuestos contemplados figuran los daños materiales, las agresiones físicas o psicológicas y las situaciones de riesgo, con el objetivo declarado de proteger al profesorado.

El debate llega a Vigo en un contexto de preocupación por la pérdida de autoridad docente y los comportamientos disruptivos. Hace unos días, un profesor de un colegio concertado plurilingüe de la ciudad tuvo que ser trasladado al hospital tras la agresión de un escolar y, en otro instituto público vigués, fue incautada una navaja de grandes dimensiones a un estudiante.

Pablo Sobrino, profesor de un colegio vigués, considera necesario mejorar la imagen social de la profesión, reducir las ratios, incorporar dos docentes por aula o agilizar las sanciones, pero rechaza recurrir a la fuerza física. Iria Salvande, presidenta de Foanpas, advierte de que esa medida transmitiría al alumnado que la violencia es una respuesta válida.

Benito Gil, director del CEIP García Barbón, defiende endurecer las normas de convivencia si es necesario, pero no resolver la violencia con más violencia. En la misma línea, Agustín Sobral, exdirector y profesor del IES Teis, apuesta por separar a un alumno en una situación conflictiva y sancionarlo después, pero descarta el uso de la fuerza.

Malores Villanueva, directora del IES Álvaro Cunqueiro, sostiene que contener físicamente a un alumno no forma parte de las funciones docentes y plantea que, en situaciones muy graves o extremas, pueda valorarse la presencia de personal de seguridad. La comunidad educativa consultada coincide en reclamar más autoridad y sanciones eficaces, pero no mediante la intervención física del profesorado.

Información elaborada a partir de Faro de Vigo.