El desalojo de una anciana en Madrid intensifica la protesta por la vivienda

El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde 1956 en un piso de renta antigua de Madrid, provocó este miércoles una de las mayores movilizaciones en torno a un lanzamiento desde la crisis inmobiliaria de 2008. Cerca de 200 personas acamparon junto a su portal y otros centenares acudieron durante la mañana para intentar impedir el desalojo, que finalmente se produjo hacia las 13.00 horas.

La vecina salió de su vivienda en camilla, acompañada por sanitarios del Samur, y fue trasladada al hospital Gregorio Marañón. El Tribunal Supremo había respaldado la extinción del contrato de arrendamiento tras la compra del edificio por Urbagestión. Maricarmen pagaba unos 500 euros mensuales, frente a los 2.650 que se le reclamaban para continuar en el inmueble.

Ese mismo día también fueron desahuciados David y su hijo, de 21 años, de una vivienda del Ensanche de Vallecas. El piso pertenecía a una antigua promoción de alquiler asequible de la Obra Social de La Caixa, posteriormente vendida a una sociedad inmobiliaria. El caso se relaciona con la falta de renovación de contratos que afecta a otros vecinos del bloque.

Las protestas no lograron detener ninguno de los dos lanzamientos, pero reavivaron el malestar por las dificultades de acceso a la vivienda. La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, afirmó que “hoy ha habido un punto de inflexión porque no se puede más” y anunció nuevas movilizaciones. La organización reclamó medidas para situar el derecho a la vivienda por delante del negocio.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid denunció el “profundo fracaso de las tres administraciones” y exigió suspender los desalojos cuando no exista una alternativa habitacional. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento defendieron su actuación y aseguraron que ofrecieron a Maricarmen distintas opciones de alojamiento, que fueron rechazadas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aseguró que su departamento intentó mediar para adquirir la vivienda y criticó la política madrileña hacia los fondos de inversión. El ministro Ernest Urtasun pidió una nueva moratoria de desahucios, mientras que la ministra Sira Rego consideró que el lanzamiento puede ser legal, pero “no es legítimo”. El caso, aunque se desarrolla en Madrid, refleja un debate sobre vivienda y protección social que también resulta relevante para los lectores de Zamora y Castilla y León.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.