El Gobierno pide al Consejo de Estado su dictamen sobre el decreto de centros de datos antes del 5 de noviembre

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regula los nuevos centros de datos y le ha pedido que emita su dictamen antes del jueves 5 de noviembre, en apenas una semana y media desde su recepción. El texto suaviza parcialmente las exigencias ambientales y de seguridad digital tras las críticas del sector tecnológico y del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que pedía moderar algunas obligaciones.

El Ejecutivo pretende aprobar la norma antes de las elecciones del 29 de noviembre o, si no lo consigue, tras los comicios, en funciones, siempre que obtenga el visto bueno de la Abogacía del Estado. La tramitación se hace por la vía de urgencia, lo que reduce al mínimo los plazos de los informes preceptivos. El decreto lo lidera el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen, con la participación de los ministerios de Transformación Digital y de Economía.

La nueva redacción mantiene el objetivo de filtrar la abundante cartera de proyectos de centros de datos en España para que solo sigan adelante los más sostenibles. Entre los cambios, se concede un plazo de cinco años para que estas instalaciones cumplan la obligación de que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para evitar problemas en el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes se aplicarán solo a los centros de más de 10 megavatios de potencia, frente a 1 megavatio en la primera versión.

Con todo, el sector no ha aceptado el nuevo borrador. Según el texto, los grandes operadores han mostrado su «rechazo absoluto y masivo» y anticipan la paralización de inversiones multimillonarias en España. La patronal SpainDC, que agrupa a compañías como Amazon, Google o Microsoft, prepara una batalla legal escalonada: antes de la aprobación, denunciará ante el Consejo de Estado los defectos de la norma y de su tramitación urgente, pedirá a la CNMC que vuelva a estudiarla y buscará que la Comisión Europea la analice, lo que podría retrasarla al menos tres meses. Tras su aprobación, no se descartan recursos judiciales con medidas cautelares y reclamaciones de indemnizaciones.

Aunque la norma es de ámbito estatal, afecta a un sector en expansión y a las inversiones previstas en el mercado español, por lo que su desarrollo interesa también a la provincia de Zamora como capital de referencia de la información.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.