La Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude de fondos en la alta velocidad Madrid-Sevilla
La Fiscalía Europea abre una segunda investigación por posible fraude de fondos en la alta velocidad Madrid-Sevilla tras el accidente de Urda.
La Fiscalía Europea ha anunciado la apertura de oficio, tras la catástrofe de Urda, de una segunda investigación por posible fraude en el uso de fondos europeos destinados a mejorar la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Ya existían diligencias abiertas desde marzo por mejoras en el tramo de Adamuz, donde se produjo el siniestro de Adamuz (Córdoba).
La Fiscalía Europea tiene su sede en Luxemburgo, pero la integran fiscales delegados en los países de la Unión. Las diligencias de investigación se practican en secreto. En el marco de estas pesquisas, la Fiscalía ha ordenado la entrada de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas, donde se ha recabado información sobre ayudas públicas concedidas para modernizar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones en el tramo del choque de trenes del pasado 28 de octubre.
La UCO, que ya trabaja en las causas judiciales abiertas por los accidentes de Montoro (Córdoba) y Orgaz (Toledo), colabora con la Fiscalía Europea desde el mismo día del accidente para comprobar si existían contratos vinculados a fondos europeos. El órgano europeo investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, puede pedir y analizar documentación de las entidades públicas receptoras de fondos y llamar a declarar a testigos e investigados.
En la investigación abierta tras Adamuz, las pesquisas avanzan, pero todavía no se ha llamado a declarar a nadie, ni como testigo ni como investigado. En cuanto a Urda, la documentación se ha incautado este viernes y los fiscales deberán analizarla antes de decidir los próximos pasos.
Ambos expedientes pueden tardar meses e incluso años en determinar si se judicializan. Si los fiscales deben adoptar medidas que afecten a derechos fundamentales, intervendrá el juez de garantías, que en España son los magistrados de instrucción de la Audiencia Nacional. Si encuentran indicios de desvío de fondos destinados a las líneas de alta velocidad del corredor de Andalucía, el caso llegaría a juicio en la Audiencia Nacional.
Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.