Las multas por consumo o tenencia de drogas en Zamora caen un 39,6% en 2025

Las infracciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos impuestas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Zamora bajaron un 39,6% el pasado año, hasta las 957 sanciones, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Ical. Es la mayor caída de las nueve provincias de Castilla y León y deja a Zamora entre las provincias con menos expedientes de este tipo, por detrás de Valladolid, Burgos, León y Segovia.

El descenso también se registra en el conjunto de la Comunidad, donde las sanciones por drogas cayeron un 14,5%, hasta las 12.272, frente a las 14.377 de 2024. A nivel nacional, la reducción fue del 16,1%, con 201.266 multas. Con este retroceso se rompe una tendencia al alza que se mantenía desde 2016, primer año completo de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

Las sanciones por estupefacientes suponen seis de cada diez multas impuestas al amparo de esta ley en la Comunidad (63,3%). En el conjunto de las infracciones relacionadas con drogas en Castilla y León, las multas pasaron de algo más de 3,6 millones de euros en 2016 a superar los 8,9 millones el pasado año.

Además del consumo y la tenencia, la norma contempla otras conductas, como la plantación de drogas (ocho infracciones), el traslado de personas en vehículos para facilitar el acceso a estupefacientes (dos) y la falta de diligencia de los propietarios de establecimientos públicos para impedir el consumo o el tráfico (nueve).

En total, en la Comunidad se impusieron el año pasado 19.460 multas al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, un 12,9% menos que en 2024, con una recaudación superior a los 12,4 millones de euros. Por detrás de las drogas, la segunda causa de sanción fue la tenencia de armas, con 2.873 expedientes, un 7% más que el año anterior.

El procedimiento administrativo arranca cuando las subdelegaciones del Gobierno reciben las denuncias de los cuerpos policiales y se instruye un expediente que suele concluir en una resolución sancionadora. Si la multa se paga voluntariamente, su cuantía se reduce a la mitad y el proceso termina; en caso contrario, el presunto infractor dispone de quince días para presentar alegaciones y pruebas, e incluso puede acudir a la vía judicial.

Información elaborada a partir de La Opinión de Zamora.