Bélgica aprueba la ley de visitas domiciliarias que permite a la policía entrar en casas de inmigrantes irregulares

La Cámara de Representantes de Bélgica ha dado luz verde a la llamada ley de «visitas domiciliarias», que sus detractores comparan con el ICE estadounidense. La norma permite que la policía entre en un domicilio cuando sospeche que vive allí una persona en situación irregular con orden de expulsión, previa autorización de un juez. Según el texto, la oficina de extranjería podrá acceder incluso a viviendas de terceros, y las personas afectadas podrán ser puestas bajo detención administrativa y trasladadas a un centro cerrado a la espera de su expulsión.

La medida se aplicará, en principio, como «último recurso» y solo a extranjeros que «representan un peligro para el orden público o la seguridad nacional», en particular por actos de extremismo, radicalismo o terrorismo, o por tener condenas por infracciones graves. La ministra de Interior y promotora de la ley, Anneleen Van Bossuyt, ha declarado a la prensa que corresponderá a un juez de instrucción decidir si alguien representa ese peligro, y ha defendido que se trata de «violadores condenados y predicadores de odio que no pertenecen aquí».

Los jueces se han mostrado muy críticos. Según el diario belga Le Soir, el copresidente de la asociación de magistrados de instrucción, Jean-Louis Doyen, advirtió de que autorizar la entrada en un domicilio para ejecutar una expulsión administrativa no tiene nada que ver con una investigación judicial. El Centro Federal de Migración considera vaga la definición de «riesgo para la seguridad» y señala que no existe derecho a recurso, lo que abre la puerta a la arbitrariedad. Las ONG también critican la escasa protección de los menores, aunque el texto indica que el juez deberá valorar la proporcionalidad de la medida y evitar separar a las familias.

La ley ha provocado decenas de movilizaciones, sobre todo en el sur del país, y miles de personas formaron una cadena humana alrededor del Palacio de Justicia de Bruselas. Varios alcaldes han anunciado su oposición y amenazan con no aplicarla, convirtiéndose en ciudades refugio. La ministra les ha advertido de que, si algo sale mal, no culpen al gobierno federal. La norma, que ya intentó sacar adelante en 2017 el entonces secretario de Estado de Migración y actual ministro de Defensa, Theo Franken, forma parte del acuerdo de un gobierno que entró en crisis el lunes, cuando el primer ministro Bart de Wever presentó su dimisión al no lograr un pacto presupuestario. El rey Felipe ha dado diez días a De Wever para alcanzar un acuerdo.

Por último, el contenido de la ley belga se recoge en buena parte en el nuevo reglamento de retornos que la Unión Europea aprobó en octubre, que permite crear centros de expulsión fuera de la UE y registrar personas, domicilios o lugares de trabajo ante sospechas de residencia irregular. Esta noticia, de ámbito europeo, interesa a Zaragoza como parte del debate general sobre migración y derechos fundamentales, sin referencias locales en el texto original.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.