El Gobierno fija un plazo de seis meses para que los propietarios avisen de que no renovarán el alquiler

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 28/2026, de 6 de octubre, que obliga a los propietarios a comunicar a sus inquilinos con al menos seis meses de antelación que no desean renovar el contrato de alquiler, frente a los cuatro meses que exigía la normativa anterior. El inquilino, por su parte, deberá avisar de su intención de no continuar con un mínimo de dos meses. La medida afecta a los arrendamientos de vivienda habitual que llegan a su vencimiento y a sus prórrogas, siempre que hayan transcurrido cinco años de contrato, o siete si el propietario es una empresa o persona jurídica.

Si ninguna de las partes comunica a la otra su intención de no seguir, el contrato se prolongará obligatoriamente por esos cinco o siete años. La norma también establece una indemnización para el inquilino cuando el propietario avise en tiempo y forma de que no quiere prorrogar el contrato. Su cuantía será la mayor de estas dos opciones: doce mensualidades calculadas según el valor superior del rango individualizado de precios de alquiler de la vivienda, o una mensualidad por cada año vivido en el domicilio. Los periodos inferiores al año se calcularán de forma proporcional. El pago se hará cuando el inquilino abandone la vivienda, aunque existen excepciones, como que el arrendador sea una persona física que necesite la vivienda para uso propio o de determinados familiares, siempre que se cumplan una serie de condiciones legales.

El decreto se aprueba en un contexto de fuerte presión social por el precio de los alquileres y las dificultades de los jóvenes para independizarse. Las protestas, que comenzaron en la Puerta del Sol de Madrid, se extendieron a otras ciudades como Valencia, Zaragoza o Vigo, y el fracaso parlamentario del llamado Decreto Maricarmen agravó el malestar. Tras el anuncio de la disolución de las Cortes y el adelanto electoral, el Consejo de Ministros aprobó la norma al día siguiente.

Para Zaragoza, la medida supone un cambio relevante para los inquilinos de la ciudad, que podrán saber con mayor antelación si su contrato se renovará y que tendrán derecho a una indemnización en caso de que el propietario no quiera prorrogarlo. La norma entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y pocos días después de la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.