El Gobierno pide al Consejo de Estado un informe exprés sobre el decreto de centros de datos

El Gobierno ha remitido al Consejo de Estado una nueva versión del real decreto que regula los nuevos centros de datos, y ha pedido que el dictamen esté listo antes del jueves 5 de noviembre, apenas una semana y media después de recibir el texto. El Consejo de Ministros del pasado martes acordó esa petición, que se tramita por vía de urgencia para acortar al máximo los plazos antes de las elecciones del 29 de noviembre.

El borrador reelaborado suaviza en parte las exigencias ambientales y de seguridad digital tras las críticas del sector tecnológico y del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que pedía moderar algunas obligaciones. Entre los cambios, se da a los centros de datos un plazo de cinco años para que el 80% de su electricidad sea renovable, a cambio de que Red Eléctrica pueda ordenar su desconexión si es necesario para evitar problemas en el sistema eléctrico. Además, los requisitos verdes solo se aplicarán a instalaciones de más de 10 megavatios, frente al umbral de 1 megavatio de la primera versión.

El Ejecutivo mantiene la intención de filtrar la avalancha de proyectos de centros de datos que hay en España para que solo sigan adelante los más sostenibles. La normativa lidera el Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen, con la participación de los ministerios de Transformación Digital y de Economía. El Gobierno pretende aprobarla antes de los comicios o, si no es posible, tras ellos y en funciones, siempre que obtenga el visto bueno de la Abogacía del Estado.

La patronal SpainDC, que agrupa a grandes operadores como Amazon, Google o Microsoft, ha mostrado su «rechazo absoluto y masivo» al nuevo texto y anticipa que prepara una batalla legal escalonada. Antes de la aprobación, el sector denunciará ante el Consejo de Estado los defectos que detecta en la norma y en la tramitación urgente, pedirá a la CNMC que vuelva a estudiarla y buscará que la Comisión Europea la examine, lo que podría retrasarla al menos tres meses. Tras la aprobación, varias compañías podrían recurrir por vía judicial, solicitar medidas cautelares y reclamar indemnizaciones por las inversiones ya realizadas.

La noticia tiene un alcance estatal, pero afecta al debate sobre la implantación de centros de datos en el conjunto del país, en el que Aragón figura como una de las comunidades que siguen de cerca este tipo de proyectos. Los lectores zaragozanos pueden seguir la evolución del decreto, que condicionará la forma en que se autorizan y operan estas instalaciones.

Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.