El Gobierno retoma con Junts el decreto de vivienda tras un desahucio en Madrid
El Gobierno negocia con Junts el decreto de vivienda tras el desahucio de una mujer de 87 años en Madrid y busca apoyos parlamentarios.
El Gobierno ha reactivado las negociaciones con Junts para sacar adelante el decreto de vivienda, después del desahucio en Madrid de una mujer de 87 años, Maricarmen, sin alternativa habitacional. El Ejecutivo había intentado aprobar medidas similares en dos ocasiones, pero los textos fueron rechazados en el Congreso.
Fuentes del Ministerio de Vivienda y de Junts confirman el intercambio de propuestas para levantar el veto de la formación de Carles Puigdemont. Junts asegura que el PSOE está estudiando sus iniciativas y confía en que puedan reunir los apoyos necesarios para aprobarlas.
La negociación se presenta complicada por los vetos cruzados entre los socios parlamentarios. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha considerado un “error” que Junts marque los límites en materia de vivienda, mientras que EH Bildu admite la complejidad de la aritmética parlamentaria y está dispuesto a aceptar medidas que no comparte.
Sumar reclama que el decreto llegue al Consejo de Ministros del próximo martes, junto a las medidas anticrisis, y que después cada grupo parlamentario asuma su responsabilidad. Los ministros Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun han defendido que el texto incluya una moratoria de los desahucios.
El Gobierno matiza que negocia una “solución estructural” y no exactamente una moratoria temporal. El borrador planteaba que los jueces pudieran mantener suspendido un desahucio cuando una persona vulnerable no tuviera alternativa habitacional y las administraciones no hubieran ofrecido una solución.
La propuesta también diferenciaba entre grandes propietarios y pequeños caseros. En determinados casos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos deberían ofrecer recursos disponibles, mientras que se contemplaban compensaciones para pequeños propietarios por rentas, suministros impagados o daños en la vivienda.
La decisión se sigue con interés también desde Zaragoza, capital aragonesa, porque el decreto afectaría al marco estatal de protección frente a los desahucios y al papel de las administraciones públicas en la búsqueda de alternativas habitacionales.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.