Entidades aragonesas piden declarar zonas tensionadas en Zaragoza
Entidades aragonesas firman en Zaragoza un pacto y reclaman zonas tensionadas, más vivienda pública y protección ante los desahucios.
CCOO, UGT, CAVA, FABZ, REAS Aragón y Fundación Ecodes han firmado este lunes en Zaragoza el Pacto Ciudadano por el Derecho a la Vivienda, con el que reclaman medidas “inmediatas” frente a la emergencia habitacional y una respuesta coordinada de los gobiernos central y aragonés.
Las organizaciones piden al Ejecutivo autonómico que declare zonas de mercado residencial tensionado para limitar los incrementos del alquiler, una medida que la DGA rechaza. También plantean crear áreas de tanteo y retracto para ampliar el parque público de vivienda de forma ágil y a un coste contenido.
El manifiesto reclama la aprobación del denominado “Decreto Maricarmen”, cuya aprobación está prevista este martes en el Consejo de Ministros. Las entidades consideran que ninguna persona debería ser desalojada de su vivienda sin disponer de una alternativa segura, digna y estable, especialmente en casos de vulnerabilidad.
El documento cita las últimas estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, que contabilizan 4.005 lanzamientos ejecutados en España durante el primer trimestre del año. Sus firmantes calculan que, desde el desalojo de Maricarmen, la octogenaria de Madrid que vivía en su casa desde hacía 70 años, podrían haberse producido más de 120 desalojos.
Las entidades recuerdan que el pacto presentado el 11 de mayo en Zaragoza incluía diez medidas sobre vivienda pública, alquiler turístico, protección frente a desahucios, soluciones para el medio rural y rehabilitación. Además, reclaman contratos de alquiler de larga duración y extender la protección a personas mayores, hogares monomarentales, migrantes, jóvenes sin red familiar y habitantes del medio rural.
Los colectivos apoyan las movilizaciones convocadas en distintos puntos de España y llaman a secundar las que se desarrollen en Aragón. Su objetivo es que el impulso social se traduzca en un nuevo modelo que sitúe la vivienda como un derecho y refuerce su función social.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.