Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora
Peinado abre juicio oral contra Begoña Gómez y su asesora y deja al jurado valorar el posible uso de recursos públicos.
El juez Juan Carlos Peinado ha acordado abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y su asesora, Cristina Álvarez, y ha trasladado las actuaciones al tribunal del jurado. La resolución, de 67 páginas, responde a los argumentos planteados por las defensas.
Peinado sostiene que la costumbre de que las cónyuges de los presidentes dispongan de asistentes no legitima, por sí sola, el uso de recursos públicos para una actividad profesional y mercantil propia. El magistrado añade que la condición de cónyuge del presidente del Gobierno no está regulada como cargo público ni genera por sí misma derecho a personal retribuido con fondos públicos.
El juez considera que el hecho de que Álvarez registrara anualmente más horas de las correspondientes a su jornada no excluye el posible delito de malversación. A su juicio, lo relevante es el destino de su trabajo durante el horario laboral y con medios sufragados por la Administración, como el correo institucional, su posición y la cobertura de la Presidencia del Gobierno.
La resolución cifra en una decena los actos a los que Álvarez acompañó a Gómez y reproduce mensajes relacionados con la cátedra de Transformación Social Corporativa. Peinado compara esos hechos con el caso de un funcionario que dedica su jornada a intereses particulares y recuerda que el Tribunal Supremo ha dictado condenas por malversación en situaciones de ese tipo.
El magistrado rechaza también que la certificación de funciones de Álvarez o la práctica seguida con anteriores cónyuges de presidentes amparen que una empleada pública se encargue de contactar con universidades, patrocinadores y empresas tecnológicas, seguir convenios, pagos y facturas o desarrollar un proyecto tecnológico vinculado a Gómez. El jurado deberá determinar el alcance de esas actuaciones y si procede una condena.
La decisión afecta a una causa de ámbito estatal y no recoge actuaciones específicas relacionadas con Zaragoza. Su interés para la capital aragonesa deriva de la relevancia política nacional del procedimiento.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.