Una jueza investiga si la DGA difundió datos reservados del incendio de Riglos
Una jueza de Jaca investiga si la DGA vulneró la confidencialidad al difundir datos sobre la petición de prisión por el incendio de Riglos.
La titular del Tribunal de Instancia número 3 de Jaca ha abierto una investigación para determinar si el Gobierno de Aragón divulgó información no autorizada sobre el incendio de Santa María de la Peña, en Las Peñas de Riglos. La causa se centra en una nota publicada el 3 de septiembre, a las 13.19 horas, en el portal institucional Aragón Hoy.
El comunicado informaba de que la Dirección General de Servicios Jurídicos había solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para el investigado por el incendio o, subsidiariamente, una fianza de 100.000 euros. El Ejecutivo autonómico justificaba la petición por el traslado del investigado a la Comunidad Valenciana, al considerar que podía aumentar el riesgo de fuga.
La jueza pretende aclarar si la difusión pública de esas razones vulneró la confidencialidad de las actuaciones judiciales, ya que la nota se publicó antes de que la defensa tuviera acceso al escrito procesal. La representación legal del investigado presentó una queja formal al entender que se pudo incumplir el deber de reserva.
En el comunicado, el Gobierno de Aragón también sostenía que las medidas cautelares vigentes —la prohibición de salida del territorio, la retirada del pasaporte, la obligación de comunicar domicilio y teléfono y las comparecencias periódicas— no garantizaban suficientemente la disponibilidad del investigado.
El Ejecutivo autonómico solicitó además la convocatoria urgente de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que deben ser citados la Fiscalía, las partes personadas y el investigado, asistido por su defensa.
El incendio de Santa María de la Peña, en la provincia de Huesca, fue descrito en la nota como el de mayor magnitud registrado en Aragón desde 1994 y causó daños en el medio natural, infraestructuras públicas y varias poblaciones de la zona. La investigación judicial afecta a una actuación del Gobierno de Aragón, por lo que también tiene relevancia institucional para Zaragoza como capital autonómica.
Información elaborada a partir de El Periódico de Aragón.