Cómo logró una abogada que la Seguridad Social reconociera la gran incapacidad a un paciente oncológico

La abogada Marina Alaminos, especializada en incapacidades laborales, ha explicado en redes sociales cómo consiguió que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) revisara el grado de incapacidad reconocido inicialmente a Simón, un trabajador que estaba de baja por un proceso oncológico y que terminó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El caso ilustra que una enfermedad grave puede afectar tanto a la capacidad para trabajar como a la autonomía personal.

Según relata la abogada, Simón recibió la citación para acudir al tribunal médico mientras estaba ingresado en la UCI, por lo que no pudo presentarse. La valoración se hizo a partir de la historia clínica disponible en ese momento. Posteriormente, el INSS le reconoció una incapacidad permanente absoluta, pero su familia consideró que esa resolución no reflejaba las limitaciones que sufría.

Tras estudiar la documentación médica y presentar una reclamación previa, la abogada logró que el INSS reconociera la gran incapacidad, el grado que contempla la necesidad de asistencia de otra persona para realizar actos esenciales de la vida diaria. Según explica, todo ello se consiguió sin necesidad de acudir a juicio.

La situación de Simón había empeorado con el tiempo: perdió fuerza progresivamente en las extremidades inferiores hasta dejar de poder caminar, y después presentó una tetraparesia, una pérdida parcial de fuerza en las cuatro extremidades que limitaba gravemente su movilidad. Tras salir de la UCI permaneció hospitalizado un largo periodo para recibir rehabilitación.

Alaminos destaca que la cuestión no era volver a demostrar que Simón no podía trabajar, algo ya reconocido, sino acreditar hasta qué punto sus limitaciones afectaban a su autonomía y si necesitaba la ayuda de otra persona. Según la abogada, el reconocimiento de la gran incapacidad supuso que se valoraran las consecuencias de la enfermedad sobre su vida personal.

La diferencia entre ambos grados tiene también efectos económicos. La incapacidad permanente absoluta da derecho, con carácter general, a una pensión equivalente al 100% de la base reguladora, mientras que la gran incapacidad incorpora un complemento destinado a remunerar a la persona que presta la asistencia, cuya cuantía depende de cada caso. La noticia recuerda que, en las resoluciones sobre prestaciones, el plazo para presentar una reclamación previa es, con carácter general, de 30 días desde la notificación.

Información elaborada a partir de Información.