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Cómo se desmontan los bulos sobre fraude en las elecciones generales del 29N

Cómo se desmontan los bulos sobre fraude en el voto por correo, el DNI digital, Indra y el recuento de las elecciones generales del 29N.

Redacción automática · Alicantet 2 min de lectura

A pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, los bulos sobre el proceso electoral han empezado antes de lo habitual. Según un estudio del Instituto Internacional para la Democracia (IDEA), basado en 53 países, la desinformación que ataca al sistema electoral suele dispararse durante la campaña, pero en España las teorías infundadas aparecieron pocas horas después de anunciarse el adelanto electoral.

La primera sospecha fue el supuesto fraude en el voto por correo. Se viralizó tras las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), que pidió evitar el sufragio postal, y del candidato de Vox, Santiago Abascal, que animó a votar en persona. Alberto Núñez Feijóo (PP) afirmó que confía en los trabajadores de Correos, pero no en sus dirigentes. Ninguno de ellos aportó pruebas ni explicó cómo se produciría la manipulación.

El texto recuerda que el sistema hace muy difícil un pucherazo: hace falta identificarse tanto para pedir el voto por correo como para depositarlo, y los votos postales se introducen en la urna al final de la jornada, por lo que no es posible saber a quién beneficia esta modalidad.

Otros bulos han apuntado al nuevo sistema de identificación con el DNI digital, a la empresa Indra y al papel del Centro Nacional de Inteligencia en el escrutinio. Según la explicación recogida, la identificación se realizará con la aplicación MiDNI y un lector de QR, validado por la Junta Electoral, y el DNI físico seguirá siendo necesario si falla el lector. Indra solo transmite datos provisionales para seguir el escrutinio en directo, y el CNI mantendrá su función habitual de apoyo en la seguridad de la transmisión de datos.

El texto subraya que el fraude electoral existe y está penado con hasta siete años de cárcel, pero los casos conocidos han sido locales, en pueblos o ciudades concretos, y no a escala nacional.

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