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Sucesos

El acusado de liderar un fraude inmobiliario niega responsabilidad en Alicante

El principal acusado de un supuesto fraude fiscal con viviendas en Alicante niega responsabilidad y asegura que salió de la sociedad en 2007.

Redacción · Alicantet 2 min de lectura

El abogado acusado de liderar una trama de fraude fiscal con viviendas en el centro de Alicante ha declarado en el juicio que se desvinculó de la sociedad en septiembre de 2007, antes de varias operaciones investigadas. La Fiscalía sostiene que diez acusados participaron en un entramado que habría defraudado cerca de cuatro millones de euros mediante compraventas ficticias entre 2006 y 2008.

Las acusaciones sitúan el supuesto fraude en los impuestos de Sociedades y sobre el Valor Añadido (IVA). El entramado estaba compuesto por once sociedades, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado mantienen que solo Inversiones Progarza tenía actividad real. Para el principal acusado, la Fiscalía pide 19 años de prisión por cinco delitos de fraude fiscal y otro de falsedad documental; cuando se abrió juicio oral se le fijó una fianza de 18 millones de euros.

El letrado ha asegurado que su papel se limitaba a tareas “estrictamente jurídicas”, como redactar contratos, negociar escrituras y atender a compradores. Según su versión, no intervenía en la contabilidad ni en la gestión diaria de las obras y vendió sus participaciones a un empresario italiano cuando abandonó la empresa.

Durante su declaración, celebrada en un juzgado de lo Penal de Alicante, negó cualquier plan para defraudar a Hacienda y cuestionó el informe del inspector de la Agencia Tributaria. Los inmuebles investigados incluyen propiedades situadas en la avenida de Maisonnave y en las calles Jorge Juan, Cid y San Benito, además de una antigua discoteca after hour.

La acusación sostiene que las operaciones se apoyaban en sociedades ficticias, testaferros, pagarés que no llegaban a cobrarse y deducciones de IVA cuya devolución se reclamaba posteriormente. Las defensas han presentado peritos para sostener que algunos pagos pudieron hacerse en metálico, una práctica que, según uno de ellos, era habitual en aquella época.

La causa se inició en 2010 y la investigación quedó terminada en 2015, pero el juicio se ha retrasado durante años por la presentación de escritos, los problemas de agenda y las restricciones de la pandemia. La vista se encuentra en su recta final y está marcada también por la participación por videoconferencia de uno de los acusados, que padece una enfermedad terminal.

Información elaborada a partir de Información.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de Información · Ver original

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