El Congreso aprueba reformar la atención a la dependencia y la discapacidad

El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Discapacidad con el respaldo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas, salvo Vox. El cambio busca aumentar la financiación, ampliar los servicios y reducir los trámites para las personas mayores, dependientes y con discapacidad.

La nueva norma establece obligaciones concretas para blindar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y amplía el compromiso de la Administración General del Estado para asumir el 50% de estas prestaciones. Además, un real decreto aprobado en julio prevé incrementar la financiación estatal en 6.200 millones de euros durante 2026 y 2027 para todas las comunidades autónomas.

El objetivo es reducir las listas de espera y resolver las solicitudes en un plazo máximo de tres meses, frente a los seis meses que fija actualmente la ley y que en algunas comunidades se supera ampliamente. Los datos de 2025 señalan que 1.726.288 personas tenían reconocida la dependencia y otras 133.414 aguardaban valoración. Ese año fallecieron 32.704 personas sin haber recibido las prestaciones o servicios que les correspondían.

La reforma contempla sistemas automáticos de reconocimiento que permitirán vincular un 33% de discapacidad a quienes tengan reconocido el grado I de dependencia y un 65% a quienes estén en los grados II y III. También permitirá combinar ayudas que hasta ahora eran incompatibles y priorizará una atención personalizada, con la teleasistencia como derecho y nuevas prestaciones de ayuda a domicilio, como los acompañamientos al médico o para hacer la compra.

El texto reconoce asimismo servicios externos de los centros de día, como la entrega de comida a mayores que vivan solos, y pretende profesionalizar los cuidados y proteger a los familiares cuidadores. La reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad incluye la atención temprana garantizada para niños y niñas de 0 a 6 años, medidas para facilitar obras de accesibilidad, la prohibición de discriminación en seguros y asistencia en procesos judiciales.

La aplicación efectiva dependerá ahora de la colaboración de todas las administraciones públicas y de la disponibilidad de recursos, profesionales y servicios. La medida afecta también a la ciudadanía de Alicantet como capital de la provincia, aunque el texto no aporta datos específicos sobre su impacto local.

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