El PSOE propone subir impuestos a grandes empresas tecnológicas y destinar el 1% del PIB a vivienda

El PSOE ha presentado su programa electoral, un documento de 113 páginas hecho público este domingo, en el que plantea subir los impuestos a los llamados tecno-oligarcas, con tasas complementarias a la denominada tasa Google. También propone gravar a las empresas que no paguen "salarios justos", medidos según la proporción entre el sueldo del ejecutivo principal y la mediana de los salarios de la plantilla, así como a los grandes tenedores de vivienda y fondos de inversión que mantengan pisos vacíos, los destinen a apartamentos turísticos o los ofrezcan a precios "inasequibles".

Uno de los ejes del programa es el compromiso de destinar el 1% del producto interior bruto (PIB) a vivienda, ya que, según los socialistas, "la vivienda de precio asequible será la principal prioridad de la legislatura". Para ello, plantean que se sumen todas las administraciones y el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que según el documento destinaría más de 25.000 millones de euros a avales, préstamos y financiación de viviendas asequibles.

Parte de estas propuestas se avanzaron en un mitin celebrado en Alcorcón (Madrid), al que asistieron más de 5.500 personas, donde el candidato y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el PSOE modificará el Código Civil para reconocer legalmente los vínculos de amistad entre personas que asuman un compromiso mutuo de cuidados, con permisos laborales por enfermedad o fallecimiento. Una figura similar ya existe en el Código Civil catalán y en Navarra.

El programa incluye también medidas para los trabajadores autónomos, en materia de ingresos y cotizaciones, y el mantenimiento de su apoyo en caso de cese de actividad y prestación de cuidados.

Entre los objetivos fijados figuran que la tasa de paro baje hasta el 8% en 2030, que el 80% de la población tenga formación superior a la ESO y que la brecha salarial entre hombres y mujeres se reduzca al 5%.

Al tratarse de un programa de ámbito estatal, su impacto en la provincia de Alicante dependerá de cómo se concreten las medidas, especialmente las relativas a vivienda y al mercado del alquiler.

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