Las familias de Alicante apoyan recurrir al Constitucional la reforma educativa
Familias de Alicante respaldan ante el Defensor del Pueblo el recurso contra la reforma educativa del PP y Vox en la Comunidad Valenciana.
Las familias de la Confederación Gonzalo Anaya han pedido al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 5/2026 de la Generalitat, que incorpora nuevas funciones para la Inspección Educativa relacionadas con la neutralidad en las aulas y el supuesto adoctrinamiento. La iniciativa también cuenta con el respaldo de asociaciones de familias de la provincia de Alicante.
Según ha informado Información, más de mil asociaciones integradas en la confederación autonómica se han adherido a la campaña de la Associació d’Inspectores i d’Inspectors del País Valencià (ADIDE-PV). Entre ellas figuran más de 250 asociaciones de la FAMPA Enric Valor de la provincia de Alicante.
La Gonzalo Anaya reclama que se analicen las consecuencias educativas y jurídicas de la reforma y defiende una educación pública basada en la libertad, la igualdad, la convivencia y el respeto a la diversidad. También sostiene que la Inspección Educativa debe ejercer sus funciones con garantías y sin generar desconfianza en las comunidades educativas.
ADIDE-PV advierte de que la norma puede provocar autocensura e inseguridad jurídica entre el profesorado, al no definir qué debe entenderse por adoctrinamiento ideológico ni establecer criterios para diferenciarlo de la enseñanza curricular, la educación en valores constitucionales o la discrepancia pedagógica. La asociación considera que esto podría favorecer aplicaciones arbitrarias y afectar a la libertad de cátedra.
Los sindicatos CC OO, STEPV y UGT apoyan la reclamación de los inspectores. UGT presentó la semana pasada una denuncia ante la Alta Inspección Educativa del Estado, mientras que ADIDE-PV ha solicitado al Gobierno central que estudie la impugnación de la ley. La petición al Defensor del Pueblo debe tramitarse con urgencia por el plazo de tres meses para recurrirla.
La reclamación también pide revisar la supresión de contenidos sobre coeducación, igualdad y educación afectivosexual, protección de las personas LGTBI, derechos lingüísticos y acceso a los servicios sociales. Si el Defensor del Pueblo no presenta el recurso, los inspectores solicitan que abra una investigación y formule recomendaciones a la Generalitat.
Información elaborada a partir de Información.