Prórroga extraordinaria de hasta dos años para inquilinos con contratos que acaben antes de 2029

El nuevo decreto de vivienda mantiene en vigor medidas que afectan directamente a los inquilinos con contratos de vivienda habitual, entre ellas la posibilidad de alargar determinados contratos hasta dos años más y nuevas limitaciones a algunas subidas de la renta. Se trata del Real Decreto-ley 29/2026, vigente desde el 8 de octubre, convalidado por la Diputación Permanente del Congreso y que seguirá aplicándose mientras el futuro Gobierno no apruebe su modificación o derogación.

La medida afecta a contratos de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. En esos casos, el inquilino podrá solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, articulada en períodos anuales. Para acogerse a ella, el arrendatario deberá estar al corriente del pago del alquiler y acreditar que también lo estuvo durante los ocho meses anteriores. Durante la ampliación se mantendrán, con carácter general, las condiciones del contrato vigente, de modo que la prórroga no implica la firma de un nuevo alquiler con condiciones distintas.

La extensión no se aplica de forma automática ni obliga en todos los casos al propietario a mantener el contrato. El decreto contempla excepciones, por ejemplo, cuando propietario e inquilino alcanzan un acuerdo diferente, firman un nuevo contrato o concurre alguno de los supuestos previstos legalmente para que el casero recupere la vivienda.

La norma también modifica la actualización anual de determinadas rentas hasta el 31 de diciembre de 2027. Si el alquiler supera el índice de referencia que corresponda, el propietario no podrá incrementarlo en esa revisión. En el resto de supuestos, las partes podrán pactar la subida y, si no hay acuerdo, no podrá superar el 2%. Esto no significa que todos los alquileres queden congelados.

En cuanto al alquiler temporal, el propietario deberá justificar la causa de la temporalidad y el contrato tendrá, con carácter general, una duración mínima de 31 días y máxima de 12 meses. Si se encadenan más de dos contratos temporales, la relación podrá considerarse un alquiler residencial, con las garantías correspondientes. El decreto también fija que la suma de las rentas de las habitaciones alquiladas por separado no podrá superar el importe de alquilar la vivienda completa, y en las zonas tensionadas deberán respetarse además los límites de precios aplicables.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió el alcance social de estas medidas con la frase: «Vivir de alquiler no puede ser vivir de segunda». Para la provincia de Alicante, la noticia es de ámbito general y no incluye datos específicos del municipio; los vecinos de la capital que alquilen su vivienda deberán revisar la fecha de fin de su contrato, si están al corriente de pago y qué tipo de alquiler tienen firmado.

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