Un artículo cuestiona la aplicación de la ley de memoria y reclama exigir daños
Un artículo de Información cuestiona las nacionalizaciones vinculadas a la ley de memoria y reclama exigir responsabilidades por daños en protestas.
Un artículo publicado por Información cuestiona la aplicación de la ley de memoria democrática a partir de los datos sobre nacionalizaciones de descendientes de españoles. Según el texto, de 32.000 expedientes comprobados y nacionalizados, solo 91 habrían acreditado ser descendientes de exiliados en los términos establecidos por la ley.
El artículo añade que, sobre un total de 160.000 nacionalizaciones realizadas al amparo de la norma reglamentaria, la proporción citada permitiría estimar en unas 500 las que contarían con respaldo legal. El autor sostiene que el Ministerio de Asuntos Exteriores solo podría justificar correctamente el 0,3% de las nacionalizaciones, una cuestión que, según indica, se encuentra bajo control judicial.
El texto critica que la ley de memoria pueda utilizarse para incorporar presuntos votantes y considera que ese uso instrumental perjudica el sentido ético de una norma vinculada a la reparación histórica, el entendimiento y la reconciliación.
El artículo relaciona esta situación con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de actuar principalmente por la lucha por el poder y de haber asumido posiciones de partidos situados a su izquierda y de formaciones independentistas.
En otro bloque, el autor reclama aplicar la ley frente a los actos violentos y los daños causados durante protestas, incluidos los desperfectos en mobiliario urbano, bancos, contenedores y comercios. También defiende que, cuando los responsables sean menores, respondan sus padres conforme a la legislación, y que se puedan limitar las subvenciones hasta que se abonen las cantidades adeudadas.
El contenido es de ámbito provincial y autonómico por su relación con la política española y la aplicación de una norma estatal, aunque no aporta datos específicos sobre Alicantet. Su interés para la capital alicantina se sitúa, por tanto, en el seguimiento de asuntos políticos y administrativos que afectan al conjunto de la provincia y la Comunidad Valenciana.
Información elaborada a partir de Información.