El Gobierno obliga a retirar el 12% de la producción de aceite de oliva para frenar la caída de precios

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez el mecanismo de retirada previsto en la norma de comercialización del aceite de oliva, que obliga a las almazaras a retirar y almacenar el 12% de su producción de esta campaña para evitar que una sobreoferta hunda unos precios que ya se encuentran en mínimos. La medida comenzará a aplicarse este mismo mes y el aceite inmovilizado no podrá volver al mercado hasta el 30 de septiembre de 2027.

La resolución llega en un contexto de cosecha especialmente abundante. Según los aforos de las comunidades autónomas, la producción nacional alcanzará las 1.602.596 toneladas, un 23% más que en la campaña anterior y el cuarto volumen más alto de la serie histórica. Andalucía concentra el 79% de esa producción, con Jaén (575.000 toneladas) y Córdoba (339.700 toneladas) a la cabeza. A ello se suman unas existencias iniciales de 357.040 toneladas, un 23,3% superiores a las del inicio de la campaña anterior.

El Ministerio ha comprobado que la suma de existencias y producción prevista supera el 120% de la media de las seis campañas anteriores. La resolución fija la retirada en el 12%, aunque el porcentaje podía haber llegado hasta el 20%. Sobre la producción que cada almazara declare mensualmente se aplicará ese porcentaje, empezando por la de noviembre de 2026, de modo que quedan fuera la producción de octubre y la de meses anteriores. En total se almacenarán 188.000 toneladas, que podrán conservarse en instalaciones propias o ajenas. Las empresas deberán acreditar en todo momento la cantidad almacenada y mantener actualizada la documentación que relacione el volumen producido con el aceite apartado del mercado.

La resolución crea además un grupo técnico de seguimiento, coordinado por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que aprobará el plan de control de la retirada durante la campaña 2026/2027. El ministro Luis Planas, en Montilla (Córdoba), ha defendido que el almacenamiento obligatorio permitirá ordenar el mercado y servirá como «una garantía para la retribución de los olivicultores». Planas ha presentado la medida como «una medida normal», compatible con las normas europeas, y ha subrayado su importancia para proteger el olivar tradicional, que soporta costes más altos. También ha citado los acuerdos comerciales con Mercosur e India como vías para ampliar las ventas en el exterior.

El sector se muestra dividido. La Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac) recurrirá la resolución; su director, Primitivo Fernández, considera que la retirada tiene «muchos defectos» y que el problema debe resolverse abriendo nuevos mercados. Las organizaciones agrarias respaldan la intervención, aunque la consideran insuficiente: José Ugarrio (Asaja), Francisco Elvira (COAG Andalucía) y Jesús Cózar (UPA Andalucía) coinciden en que el porcentaje puede quedarse corto, mientras que Anastasio Yébenes (Unión de Uniones) confía en que frene la caída de precios. Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía apoya la medida, pero critica que excluya la producción de octubre. Por su parte, Facua y OCU rechazan la intervención y reprochan al Gobierno que actúe ahora contra la bajada y no cuando los precios estaban altos.

Para Almería, la noticia se enmarca en el contexto del olivar andaluz, que concentra la mayor parte de la producción nacional. Esta intervención afecta al conjunto del sector del aceite de oliva de Andalucía, aunque el texto no recoge datos específicos de la provincia de Almería.

Información elaborada a partir de Diario de Almería.