Consumo abre expediente a una empresa de autobuses por precios engañosos y cláusulas abusivas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un expediente sancionador contra una empresa de autobuses por posibles irregularidades en la venta de billetes y en la devolución del dinero de los viajes cancelados. La Dirección General de Consumo ha detectado indicios de prácticas comerciales engañosas y de cláusulas que podrían perjudicar a los usuarios. La investigación, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se centra en dos posibles incumplimientos. El Ministerio no ha facilitado la identidad de la compañía investigada.

El primero de ellos es la posible ocultación de parte del precio real de los billetes durante la compra por internet. Consumo analiza si la empresa utiliza el denominado drip pricing o precio por goteo: mostrar al principio un precio inferior al coste real e incorporar otros cargos cuando el consumidor ya ha avanzado en la compra. Según la investigación, los gastos de gestión no se incluirían en el precio anunciado, sino en las últimas fases de la contratación, después de introducir los datos personales. Esta forma de comercialización puede dificultar que los viajeros conozcan desde el principio cuánto van a pagar y comparar tarifas entre compañías.

Consumo considera que esta práctica podría constituir una infracción por publicidad engañosa y práctica comercial desleal, con sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido. La Ley de Servicios de Atención a la Clientela (Ley SAC), aprobada el año pasado, aclara que los gastos de gestión deben formar parte del precio final y mostrarse desde el inicio de cualquier comunicación comercial.

El segundo motivo del expediente afecta a las devoluciones de los viajes anulados. Según el Ministerio, habría indicios de que la compañía no reembolsa los gastos de gestión cuando se cancela un trayecto, amparándose en determinadas condiciones contractuales que le permitirían retener esos importes. Consumo considera que estas cláusulas podrían ser abusivas, conforme a los artículos 83 y 87 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Su inclusión o aplicación está tipificada como infracción, con multas que pueden llegar a un millón de euros o entre seis y ocho veces el beneficio ilícito.

Se trata del segundo expediente que Consumo abre este año por posibles prácticas engañosas en la información sobre precios del transporte. Durante el verano, el organismo inició otro procedimiento contra una compañía que comercializa billetes de tren y avión por irregularidades en la presentación de sus tarifas. El organismo recuerda que la apertura de un expediente no supone que la empresa sea responsable de las infracciones investigadas ni prejuzga el resultado final del procedimiento.

Información elaborada a partir de Deia.