El Defensor del Pueblo pide información a Sanidad sobre la financiación de fármacos contra el Alzheimer

El Defensor del Pueblo ha pedido al Ministerio de Sanidad información sobre el acceso y la financiación pública de los únicos tratamientos autorizados en Europa capaces de ralentizar la progresión del Alzheimer en sus fases iniciales, según ha informado la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA). La petición responde a la queja que esta entidad presentó el pasado septiembre, en la que advertía de la desigualdad que genera en España la negativa de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) a financiar los fármacos lecanemab y donanemab.

La institución ha precisado que se ha dirigido al Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión, que está haciendo un seguimiento tanto del asunto como de las decisiones que adopten las administraciones competentes, y que se ha comprometido a trasladar a CEAFA cualquier información nueva o avance relevante. Además, el Defensor del Pueblo se ha mostrado abierto a reunirse con la confederación, aunque ha indicado que su agenda actual no le permite fijar una fecha.

Desde CEAFA han agradecido esa disposición. Su director, Jesús Rodrigo, ha afirmado: "Agradecemos la atención del Defensor del Pueblo y su seguimiento de esta cuestión. Confiamos en que el encuentro nos permita explicarle de primera mano lo que supone para las personas con Alzheimer quedarse fuera de una opción terapéutica autorizada. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que el acceso a estos tratamientos no dependa de la capacidad económica de cada paciente".

CEAFA presentó su queja después de que la CIPM rechazara el 15 de julio la financiación de ambos fármacos. A juicio de la confederación, esta decisión crea una diferencia de acceso a los tratamientos según la situación económica de cada paciente. En su escrito alertaba además de que estas terapias solo son posibles en las etapas tempranas de la enfermedad, por lo que cada mes de retraso puede suponer la pérdida definitiva de la oportunidad terapéutica.

La entidad sostenía que la cuestión afecta a derechos fundamentales, como el derecho a la protección de la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución, y pedía valorarla a la luz del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva. También invocaba los principios de equidad y cohesión recogidos en la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 sobre autonomía personal, dado que muchas personas con Alzheimer están o llegarán a estar en situación de discapacidad o dependencia.

Información elaborada a partir de Deia.