El Gobierno acelera su decreto de vivienda ante la presión de sus socios
El Gobierno ultima su decreto de vivienda entre las exigencias de Sumar, Junts y los partidos de izquierdas.
El Gobierno español ultima un real decreto-ley de vivienda con un decálogo de medidas que pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros, aunque todavía debe cerrar un acuerdo con Sumar y con los socios de investidura, entre ellos Junts y varias formaciones de izquierdas.
La negociación llega mientras centenares de personas mantienen una acampada en la Puerta del Sol, convertida en un foco de presión por el acceso a una vivienda asequible y contra los desahucios. El movimiento ha tomado como símbolo a Mari Carmen Abascal.
Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, Compromís y BNG reclaman un texto “exigente” y “valiente”, con protección completa frente a los desahucios de personas vulnerables, prórrogas de alquileres, regulación de los contratos de temporada y habitaciones, medidas contra el fraude en los pisos turísticos y renovación de contratos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha advertido de que Sumar podría “plantarse” si el decreto no incorpora todas sus demandas.
Entre las propuestas en discusión figuran nuevas ayudas a la compra para jóvenes, protección del parque público, límites a la adquisición de viviendas por fondos de inversión, bonificaciones fiscales y medidas para estabilizar los contratos de alquiler. Junts plantea vetar los desahucios únicamente cuando la vivienda pertenezca a un fondo de inversión, mientras que otros socios defienden una prohibición general.
Podemos considera un “parche” el borrador y avisa de que no apoyará un acuerdo cerrado con Junts sin cambios. El PNV, en cambio, se ha mostrado “bastante de acuerdo” con las medidas planteadas. El PP y Vox han quedado fuera de la negociación; Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de fracasar en materia de vivienda.
El contenido final del decreto también será relevante para Euskadi y Bilbao, donde las medidas estatales sobre alquileres, vivienda pública, fiscalidad y desahucios podrían afectar a inquilinos y propietarios si reciben luz verde y superan después la tramitación parlamentaria.
Información elaborada a partir de Deia.