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La Fiscalía cuestiona la rapidez del juez Peinado en el caso Gómez

La Fiscalía critica la rapidez del juez Peinado en el caso Begoña Gómez, pero pide rechazar el recurso de su asesora contra la audiencia preliminar.

Redacción · Bilbao 2 min de lectura

La Fiscalía Provincial de Madrid ha reprochado al juez Juan Carlos Peinado, jubilado el pasado fin de semana, la «precipitación y celeridad» con la que fijó algunos trámites del caso Begoña Gómez. El fiscal José Manuel San Baldomero considera que no es «deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales».

El escrito, sin embargo, respalda que se rechace el recurso presentado por Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno, contra la convocatoria de la audiencia preliminar con un solo día de antelación. Álvarez se encontraba de viaje en el extranjero y no pudo asistir a la comparecencia, celebrada el 8 de septiembre.

El fiscal coincide con la defensa en que salir de España «en modo alguno supone un quebrantamiento ni supone colocarse fuera de la disposición del tribunal». También critica que el señalamiento de determinados trámites y horarios se realizara con una rapidez poco habitual, obligando a las partes y a sus profesionales a organizar viajes con escaso margen.

Pese a ello, San Baldomero sostiene que la presencia de una persona investigada no es imprescindible para celebrar la audiencia preliminar. A su juicio, aunque Peinado pudiera haberse excedido y mostrado «escasa sensibilidad» con los intervinientes, no procede anular la comparecencia porque no se ha acreditado una indefensión real y efectiva.

La Fiscalía señala que Álvarez debía haber sido citada para poder acudir, pero considera difícil conciliar la obligación de celebrar la audiencia en el plazo más breve posible con esperar hasta el 28 de septiembre, fecha en la que ella preveía regresar. Peinado envió a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y a su asesora por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La acusación popular pide 13 y 6 años de prisión, mientras que la Fiscalía y las defensas solicitan la absolución.

La resolución afecta a un procedimiento judicial desarrollado en Madrid, aunque su interés alcanza al conjunto de la política estatal, también para los lectores de Bilbao y Bizkaia.

Información elaborada a partir de Deia.

Fuente Elaborado por la redacción a partir de Deia · Ver original

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