El Gobierno pide al Supremo levantar el veto cautelar al censo de la ley de nietos

El Gobierno español ha recurrido ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del voto y de las nuevas inscripciones en el censo electoral de ciudadanos nacionalizados al amparo de la denominada ley de nietos, salvo que acrediten el exilio de familiares. La Abogacía del Estado sostiene que estas incorporaciones no pueden alterar el resultado electoral «por pura matemática» y reclama dejar sin efecto las medidas adoptadas por el alto tribunal.

En el recurso, presentado en nombre del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ejecutivo afirma que no existe un riesgo relevante derivado del aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Incluso si lo hubiera, añade, sería «tan ínfimo» que no justificaría limitar el derecho de voto de cientos de miles de personas.

La Abogacía del Estado defiende que la inscripción censal es declarativa y que toda persona española, mayor de edad y no privada del sufragio por sentencia penal firme debe figurar en el censo. Según su argumento, suspender la inscripción implica suspender una parte esencial del derecho de sufragio, mientras que cualquier cuestión sobre la adquisición de la nacionalidad corresponde a la jurisdicción civil.

El recurso señala que hay 168.896 nuevos electores y considera materialmente imposible certificar en un plazo razonable cuántos obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos. El censo para las próximas elecciones autonómicas, previstas para el cuarto domingo de mayo de 2027, se cerrará el 1 de enero de ese año.

La mayor dificultad se concentra en 16 oficinas consulares, que reúnen 142.739 inscripciones, el 84,5% del total. Entre ellas figuran las de La Habana, Rosario, Buenos Aires, Mendoza, Ciudad de México y Caracas, afectadas, según el Gobierno, por elevados volúmenes de trabajo y problemas como cortes de luz, falta de combustible o desastres naturales. La Abogacía advierte de que podría no ser posible revisar todos los expedientes antes del cierre del censo.

La noticia afecta al conjunto del sistema electoral español y no recoge medidas específicas para Bilbao o Bizkaia. Su interés para la ciudadanía bilbaína se relaciona con el debate estatal sobre el derecho de sufragio de los españoles residentes en el extranjero y la aplicación de la Ley de Memoria Democrática.

Información elaborada a partir de Deia.